El gobierno cubano anunció que estaría contemplando convertir en ley el otorgamiento de tierras en usufructo a empresas y personas extranjeras con residencia permanente en la isla.
La medida tendría el propósito de recaudar más divisas, mientras persisten en la isla las trabas y el centralismo del estatal ACOPIO en contra de los campesinos cubanos, quienes reclaman más independencia para producir alimentos, según dijeron agricultores y economistas a Martí Noticias.
"El régimen cubano hace políticas económicas que buscan cumplimentar o crear el marco constitucional para los negocios que la oligarquía que gobierna a Cuba desea. Van creando el aparato legal en función de esos intereses, que pueden llamar empresariales", explicó el economista Miguel Alejandro Hayes, residente en Miami, al ser consultado sobre el tema.
La propuesta fue incluida en el anteproyecto de la Ley de propiedad, posesión y uso de la tierra presentado a la prensa este martes por el Ministerio de la Agricultura.
Apertura "discrecional"
En el caso del usufructo de la tierra, "están continuando con esta idea", apuntó. Este anteproyecto tiene el objetivo de "darle un carácter legal, crear un marco propicio para algún tipo de negocio que están buscando hacer a partir del arrendamiento".
Según el experto, presentador del podcast Hablando en Plata y colaborador de Martí Noticias, la apertura del Estado cubano a este tipo de negocio, que busca entregar las tierras en usufructo y que, además, "no debe ocurrir en términos de libre concurrencia", posiblemente sea para "legalizar algo que ya está previamente acordado con un grupo de inversores extranjeros".
Hayes recordó que este comportamiento del Estado cubano, de usar la ley para apuntalar políticas que benefician a la cúpula en el poder, no es nuevo.
"Las aperturas en Cuba, como son discrecionales, como están marcadas por la corrupción... nunca serían aperturas masivas, sino que se selecciona bien quiénes son las personas que se van a beneficiar", dijo.
Una ley contraproducente
Para la activista y periodista especializada en temas económicos Miriam Leyva, la revitalización de la agricultura cubana tiene que empezar por la apertura del Estado "al campesinado que tiene asfixiado".
La entrega de tierras en usufructo a extranjeros "sería positivo si trajeran capital y maquinarias" que impulsaran el crecimiento y la diversificación de la agricultura cubana, pero igual resultaría "contraproducente" en la situación actual del sector.
"Mientras el campesinado cubano que esta aquí, y que lleva tantos años, toda su vida trabajando, siga con tanto cierre, con tantas dificultades, es una cosa contraproducente que estén tratando de que vengan (inversores) de afuera a trabajar, y a coger el fruto del suelo cubano, que siempre ha estado negado a la libre actividad de las personas", dijo Leyva.
En opinión de la activista, la desesperación por recaudar divisas a toda costa ha llevado al Estado a impulsar medidas como esta.
"Aquí hay una situación desesperada de que no tienen dinero para nada, pero es que, además, el poco dinero que han tenido lo han invertido absurdamente, por ejemplo, en turismo, en construir hoteles como este gigante de La Habana, y no en lo que realmente hace falta".
Inversión sin garantías
La comunicadora se cuestionó qué garantías, si algunas, tienen los inversores.
"¿Qué garantía tienen estas personas que van a invertir para que esa tierra produzca?, ¿que garantía tendrán de que de pronto el gobierno no cambie de idea y salga otra ley, y tire todo eso abajo?".
Al respecto, Hayes considera que ningún inversor, ya sea extranjero o cubanoamericano, tiene amparo legal ni los mecanismos para defenderse ante situaciones como las que plantea Leyva.
"Hay varios casos de empresarios extranjeros que, simplemente, han sido abandonados. No hay ningún tipo de instancia en Cuba, no hay ningún tipo de tribunal independiente que pueda hacer valer los derechos de algún tipo de inversor extranjero. Dependería, en última instancia, de un problema diplomático, pero ya esas son realidades mucho más complejas", señaló el experto.
¿A quiénes beneficiaría la ley?
Hayes no cree que, de aprobarse, esta ley tenga un impacto sustancial sobre la economía, ni tampoco sobre los agricultores cubanos.
"Yo creo que hay que tener claro que este tipo de negocio, que es lo que va a pasar, es básicamente para una élite, específicamente, el segmento de la oligarquía cubana asociada a la tierra, que tiene un férreo monopolio. El impacto macroeconómico de esto es muy bajo", dijo.
El experto recordó que Cuba tiene necesidades de inversión que se cuentan en decenas de miles de millones. "Podemos hablar de unos 30 mil millones de dólares. Eso no saldrá de ese sector, ni siquiera una parte significativa", afirmó. Según Hayes, pueda que los ingresos sean significativos en términos de negocios, pero "en términos macroeconómicos es lago totalmente despreciable".
Mientras, para los productores agrícolas continuará la misma dinámica de "desprotección y explotación del sector agropecuario cubano, que es el que, en teoría, debería ser favorecido con algún tipo de ley de propiedad".
El economista subrayó que el Estado cubano debería eliminar la figura del usufructo, o al menos restringirla, y en su lugar facilitar a los campesinos y productores agrícolas el acceso a la propiedad de la tierra. El régimen de usufructo, señaló, "en muchos casos es perjudicial para la productividad", porque no estimula el compromiso del usufructuario con la producción.
Un proyecto "indigno"
"La situación de la agricultura en Cuba, todos sabemos que es catastrófica, entonces este nuevo anteproyecto yo considero que es indigno", dijo a Martí Noticias el agricultor Esteban Ajete, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba.
Ajete criticó que el Estado cubano ofrezca esta posibilidad de inversión a extranjeros, en lugar de satisfacer las cinco demandas de los miembros de esta organización independiente, de que "el propio campesino que ha sembrado la tierra durante 40 y tantos años pueda ser el verdadero empresario, el que compra, el que vende, el que busca, el que trae, el que se empodera".
"Esta medida va a enriquecer las barrigas y engordar los bolsillos de los dirigentes de este país, pero no va a resolver los problemas del campesinado cubano, que tanta miseria y tanta hambre tiene, durante 60 y tantos años", concluyó Ajete.
Mayra Cruz, directora jurídica del MINAG, informó que el anteproyecto de ley será sometido a discusión el 1 de mayo, para luego pasar a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que podría aprobarlo en diciembre venidero.
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