En un foro virtual titulado “#SOSCuba: Un Año Sin Justicia”, las organizaciones Cubalex y Justicia 11J presentaron un informe que describe y analiza los patrones represivos desarrollados por el Estado cubano como parte de su respuesta a las protestas del 11 de julio.
Presentado por Salomé García Bacallao, de Justicia 11J, y Laritza Diversent, de Cubalex, el informe señala que desde el 11 de julio, en relación con la protesta, ambos grupos han documentado 1.484 detenciones.
Un total de 701 personas permanecen en detención hasta el último reporte recibido, estando verificados 658 de esos casos.
El reporte dice que se ha impuesto la prisión provisional como medida de aseguramiento a la mayoría de los manifestantes, oscilando entre el 80% y el 50%, mientras han avanzado los procesos judiciales.
Asimismo se informa que varias personas, en particular madres de manifestantes, fueron detenidas mientras exigían información en las comisarías y que en varias localidades del país fueron excarcelados manifestantes que reportaron ser acosados posteriormente.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que el informe es “una radiografía devastadora de las consecuencias de una política de represión contra toda forma de protesta y ejercicio de la libertad de expresión en Cuba" y exigió a Miguel Diaz-Canel el fin de la represión.
“Estos patrones de represión que hemos visto a partir del 11 de julio del año pasado son parte de una política sistemática y generalizada de represión que ha violentado masivamente los derechos humanos del pueblo cubano por décadas y que los últimos años se ha venido a profundizar precisamente por el silencio cómplice de la comunidad internacional, que en muchos casos sólo se ha quedado en la denuncia sin tomar acciones contundentes”, opinó Guevara-Rosas.
Con ella coincidió Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien declaró que “lamentablemente, estos valientes manifestantes que salieron a las calles en Cuba tienen sobradas razones para pensar que han sido abandonados por buena parte de la comunidad internacional”.
“Creo que América Latina y la comunidad internacional le debe un mea culpa a los cubanos. La respuesta de la comunidad internacional hasta ahora ha sido un fracaso y ha permitido que estos manifestantes se sientan abandonados y ha permitido a lo largo de décadas que prospere y se mantenga una dictadura en América Latina y el Caribe, que ya lleva 60 años, reprimiendo de forma sistemática y generalizada los derechos humanos”, expresó Pappier.
El investigador dijo que HRW cree que los gobiernos de América Latina y Europa deben aumentar urgentemente su escrutinio sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba y priorizar la respuesta multilateral y coordinada para apoyar los derechos de los activistas cubanos.
Asimismo, instó a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, que según dijo, “rara vez ha denunciado públicamente los abusos en Cuba”, a condenar públicamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país antes de dejar su cargo a finales de agosto.
“Es prioritario que la comunidad internacional exija que Cuba abra sus cárceles al escrutinio internacional, que cese la represión y que libere a aquellas personas que han sido detenidas de forma arbitraria. Me temo mucho que si la comunidad internacional no escala su escrutinio internacional sobre Cuba y no adopta una política concertada y multilateral que trate este problema como la crisis que verdaderamente es, solamente vamos a ver que la situación se va a volver peor, a pesar de la enorme valentía de todos los cubanos que se tomaron las calles hace un año”, dijo Pappier
Alessandra Pinna, directora de los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, declaró que “el gobierno cubano ha creado una máquina de represión a lo largo de los 60 años, pero el último año ha marcado la perfección de ese sistema, pasando de una represión selectiva a una represión generalizada”.
El informe presentado por Justicia 11J y Cubalex hace varias recomendaciones a la comunidad internacional, entre ellas:
• Formular condenas enérgicas contra la violencia y la represión extremas desplegadas en Cuba. Rechazo a la acción de órganos represivos y a la aplicación de normativas jurídicas que restringen el ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos, de manera fundamental, el nuevo Código Penal, aprobado en abril.
• Promoción de petición de libertad urgente para los presos políticos en Cuba, documentados por ONGs como Justicia 11J, Cubalex, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders.
• Garantizar mecanismos de acceso a estatus de protección internacional para las personas perseguidas por manifestarse públicamente en Cuba en ejercicio de su libertad de expresión y asociación, con la intención de preservar su integridad y prevenir los riesgos de la emigración por vías irregulares.
• Imposición de sanciones contra los responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba (también los jueces y fiscales que han participado en la represión de la libertad de expresión en Cuba por la vía judicial), contenidas en legislaciones sobre responsabilidad de derechos humanos (Ley Magnitsky).
• Cese de toda acción que legitime, financie o ayude a la dictadura militar cubana, sus instituciones, organizaciones de masa y aparatos represivos.
Asimismo, recomienda a la Unión Europea que suspenda el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación Unión Europea – Cuba, en tanto no existan garantías de respeto en Cuba a las cuestiones relativas a los derechos humanos.
