El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, consideró este martes en Washington que pueden existir "crímenes de guerra" en el ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una patrulla militar en el que el lunes murieron 11 soldados y un policía.
"Constituye un crimen de guerra atacar contra personas protegidas, que no pertenecen al conflicto, en este caso un policía que murió y los civiles", dijo el fiscal general en una conferencia de prensa que ofreció en Washington tras firmar un convenio académico con la facultad de Derecho de la American University.
Montealegre consideró también que "solo debe haber un modelo de justicia transicional para todos los insurgentes" y no puede haber uno para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otro para el ELN, por eso el ELN "tiene que entrar en el modelo que se acuerde para las FARC".
Once soldados y un policía murieron este lunes en un ataque del ELN contra una patrulla que transportaba los votos depositados en un resguardo indígena de la comunidad U'wa durante los comicios locales y regionales del pasado domingo.
"Esta es una muy mala noticia para los colombianos, es un hecho absolutamente censurable que, a las puertas de la paz con las FARC, el ELN siga insistiendo en la lucha armada como método de las grandes reformas sociales que requiere el país", afirmó el fiscal general.
"Además de censurar con vehemencia su ataque, quiero invitarlos a la sensatez, a que entiendan el clamor del país. Las elecciones muestran que el mensaje de los colombianos a los insurgentes es que todos queremos la paz, este ataque es imperdonable", añadió.
El fiscal advirtió por tanto al ELN que es "ahora o nunca" cuando tienen que "meterse en el camino de la solución negociada o se quedarán atrás en la historia de la paz en Colombia".
"El camino de las armas y del alzamiento es un camino que América Latina abandonó hace muchas décadas, podemos decir sin equivocarnos que el ELN está en contra de la historia", señaló.
Montealegre explicó además que si el ELN "da gestos de paz, se desarma" puede entrar en los parámetros de la justicia transicional y beneficiarse "de sanciones alternativas no privativas de la libertad".
"El proceso de justicia transicional se basa en sanciones, no es un modelo de impunidad, es un modelo de alternatividad que implica restricción efectiva de la libertad para los insurgentes de 5 años hasta penas privativas de 20 para quienes no quieran colaborar", añadió el fiscal.
El Gobierno de Colombia y el ELN están desde enero del año pasado en diálogos "exploratorios" con el fin de iniciar un proceso de paz como el que se mantiene desde hace casi tres años en Cuba con las FARC, la guerrilla más grande del país.
Constituye un crimen de guerra atacar contra personas protegidas, que no pertenecen al conflicto, dijo el fiscal general de Colombia Eduardo Montealegre.