La Fiscalía General de Venezuela abrió un proceso al general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), para imputarlo por presuntas violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.
González fue citado por el Ministerio Público (MP) para el martes 4 de julio, señala un comunicado emitido el viernes por la Fiscalía.
La acción contra el jefe de la policía política se produce un día después que el MP anunciara la apertura de un proceso contra el excomandante de la Guardia Nacional (GNB), mayor general Antonio Benavides, quien fue citado para el 6 de julio para comparecer también en condición de imputado por presuntas violaciones a los derechos humanos.
El anuncio del MP, coincide con la solicitud que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, hizo hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo medidas de protección para ella y todos los funcionarios de ese organismo.
La fiscal general y su esposo, el diputado Germán Ferre, han denunciado que la funcionaria y sus familias han sido perseguidos por vehículos y han recibido llamadas amenazantes en las últimas semanas.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió a Ortega salir del país y congeló sus activos y cuentas bancarias como parte de un proceso que le abrieron y podría provocar su enjuiciamiento y destitución.
La Sala Plena fijó para el 4 de julio una audiencia pública en la que Ortega Díaz y otros funcionarios presentarán sus alegatos sobre el caso.
"La decisión del Tribunal Supremo venezolano del 28 de junio (...) contra la fiscal general (...) es muy preocupante, al igual que la actual violencia en el país", declaró en Ginebra el portavoz de la ONU para los derechos humanos, Rupert Colville.
"Desde marzo, la fiscal general ha dado pasos importantes para defender los derechos humanos, documentando las muertes durante la ola de manifestaciones, insistiendo en la necesidad de celebrar juicios debidamente y la importancia de la separación de poderes, y pidiendo la liberación inmediata de las personas detenidas de forma arbitraria", recordó Colville. "Nos preocupa el hecho de que las decisiones del Tribunal Supremo parezcan ir encaminadas a retirarle el mandato y las responsabilidades" a la oficina de la fiscal, aseguró.
El relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, también criticó en Ginebra la decisión del TSJ respecto a Ortega. "Este es otro paso más contra la institucionalidad democrática y la autonomía del Ministerio Público de Venezuela", dijo.
El Cardenal, Jorge Urosa Savino, Arzobispo de Caracas también expresó su apoyo a Ortegal, quien ha señalado que la Asamblea Constituyente convocada por Maduro atenta contra el país.
“Yo creo que la ciudadana Fiscal General de la República ha tomado una posición muy democrática, precisamente denunciando toda una serie de abusos y es preciso que tales abusos cesen. Yo apoyo sus declaraciones y postura de la ciudadana fiscal Luisa Ortega Díaz”, dijo el Cardenal el jueves a los periodistas.
Los Ministerios Públicos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú rechazaron el proceso iniciado por el TSJ contra Ortega en un comunicado en el que consideran "imperioso que se respete la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano en el legítimo ejercicio de sus funciones, la cual se ve puesta en riesgo como consecuencia de la interferencia de otros poderes públicos".
Los firmantes rechazan además "cualquier acto de hostigamiento, persecución y amenaza que pueda poner en riesgo la integridad personal de la Fiscal General y de sus familiares, así como de los funcionarios que integran el Ministerio Público".
(Redactado por Pablo Alfonso, con información de las agencias, Efe, Ap, Afp y redes sociales)
