Las nuevas normativas que regirán el sector privado en Cuba ponen trabas para los emigrados que quieran invertir en la isla, señalan expertos.
Las nuevas normas, que entrarán en vigor el 19 de septiembre próximo, establecen las condiciones para la creación, funcionamiento y cierre de las mipymes. Además ponen la residencia efectiva como un requisito para ser dueño o socio de un negocio.
El concepto de la residencia efectiva, que introdujo la ley de Migración recientemente aprobada por el Parlamento, estipula una serie de condiciones que incluyen el tiempo de permanecia en el país.
"Los cubanos que residen fuera y han iniciado procesos inversionistas en Cuba o se repatriaron para eso, lo primero que tienen que saber es que la residencia permanente como categoría migratoria va a desaparecer", dijo a Martí Noticias el abogado Eloy Viera.
La residencia permanente le daba la posibilidad a los cubanos residentes en el exterior de entrar y salir al país cada 24 meses sin perder los derechos. La residencia efectiva, en cambio, obliga a la permanencia en el país por un período de tiempo determinado o el mantenimiento de ciertos bienes materiales que todavía no han sido aclarados por las autoridades.
"Hay que esperar a la promulgación del reglamento de la ley a los efectos de saber cuál es el tiempo de permanencia ininterrumpida en un año natural que una persona debe cumplir o cuáles son los bienes que tendrá que adquirir o mantener en el país para no perder su condición de residente efectivo. Lo que sí está claro es que siendo considerado residente en el exterior no es posible ser socio ni de una mipyme, ni de una cooperativa no agropecuaria", acotó Viera.
El artículo 54 del Decreto-Ley 88 "Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas" afirma que solo pueden ser socios "las personas naturales cubanas con residencia efectiva en el territorio nacional y extranjeras residentes permanentes en Cuba, en ambos casos mayores de 18 años".
Para el economista Omar Everleny "por un lado se quieren fomentar negocios y atraer capitales externos, dada la dificultad de lograrlo internamente, y por otro se restringe una posible empresa entre un nacional privado que tiene residencia oficial o efectiva en Cuba y uno que decidió residir fuera del país".
En un artículo sobre el tema publicado en La Joven Cuba, el experto considera que "los decretos leyes aprobados sobre las formas no estatales y la economía real no van de la mano".
La propia ley, que exige la residencia efectiva, incluye una disposición que plantea que "los socios de las mipymes que adquirieron esta condición siendo ciudadanos cubanos residentes permanentes, la mantienen, con independencia de las regulaciones migratorias que sobre residencia efectiva se establezcan en la legislación posterior".
"Habrá que ver cómo se aplica", comentó Everleny.
A finales de 2023, el director general de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Ernesto Soberón, había dicho a la prensa oficial que estaban trabajando en ampliar las posibilidades para que los emigrados participaran en el desarrollo económico del país.
Cuba Study Group, organización que ha defendido durante años las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, considera que el requisito de demostrar “residencia efectiva” para ser socio de una mipyme parece una medida "destinada a inhibir la inversión extranjera y de la diáspora en el sector privado".
"Aunque la categoría todavía está indefinida, se anticipa que los requisitos de estancia en el país para mantener la residencia se aumentarán desde un día cada dos años a 183 días al año", recoge un comunicado reciente del grupo.
Todo esto genera "aún más desconfianza en el mercado cubano", insisten.
Las medidas "parecen destinadas principalmente a aumentar el poder monopólico del conglomerado empresarial militar, afectado por duras sanciones, y de otras empresas estatales que han demostrado repetidamente su ineficiencia y fracasos productivos. Mientras los economistas claman por políticas de liberalización que incentiven la inversión y el crecimiento del sector privado, las autoridades optan por medidas de control que lo sofocan", dijeron.
A partir de que entren en vigor las normas, las mipymes deberán comercializar sus bienes y servicios en Moneda Nacional, salvo excepciones, y sus dueños tendrán que registrar en su cuenta bancaria corriente todas las operaciones, incluido el salario a los trabajadores.
Hasta la fecha, el gobierno ha aprobado 11.355 mipymes, de las cuales 11.046 son privadas, 238 son estatales y 71 son cooperativas no agropecuarias, según cifras oficiales.
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