El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU (WGAD, por sus siglas en inglés) pidió la liberación de 17 presos políticos cubanos, encausados por "sedición" por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
La entidad de la ONU adoptó los casos de la causa 9 tras una denuncia de la organización no gubernamental Prisoners Defenders (PD), con sede en España.
“Es un coste político porque Cuba no tiene ningún organismo que le pueda decir lo que tiene que hacer a nivel mundial, ninguno, ni la Corte Penal Internacional y ningún otro. También, lo que implica para el resto de gobiernos de tomar medidas con respecto a Cuba por la liberación de los presos”, dijo a Martí Noticias Javier Larrondo, presidente de la organización.
Entre los 17 prisioneros de la causa 9, sancionados por el delito de sedición, se encuentra Luis Frometa Compte, ciudadano alemán que fue condenado con 58 años de edad a 15 años de privación de libertad por filmar las manifestaciones con su teléfono móvil.
“Ya son 3 años de prisión injustamente y hasta ahora no había salido algo así tan contundente. Es un poquito que le da un poquito más de esperanza, es lo que siento en estos momentos, que las personas están luchando por la libertad y ya está reconocido esos casos como que es algo injusto”, comentó a nuestra redacción Desde su esposa Brizaida Abad.
También dentro de la causa 9 se encuentra Walnier Luis Aguilar Rivera, un joven con discapacidad mental reconocida oficialmente y por su familia, quien con 21 años fue condenado a 12 años de prisión.
“Aquí no hacen caso ni de la ONU ni de ninguna organización internacional y mi hijo sigue trancado ahí con los presos de más rigor”, agregó Wilber Aguilar.
El documento precisa además que el Grupo de Trabajo, de conformidad con sus métodos, transmitió al Gobierno cubano el 24 de noviembre de 2023 los alegatos presentados por Prisoner Defenders, solicitándole a Cuba que respondiera antes del 23 de enero de 2024, y proporcionara información detallada sobre la situación de las 17 personas, aclarando las disposiciones jurídicas que justifican su detención, así como su compatibilidad con las obligaciones internacionales de Cuba en materia de derechos humanos.
El 17 de enero de 2024, el Gobierno cubano solicitó una extensión del plazo, que fue concedida hasta el 22 de febrero de 2024. Cuba envió su respuesta el 26 de febrero de 2024, cuatro días después, por lo que el grupo de trabajo indica que no entra dentro del plazo previamente establecido y en consecuencia, no puede tratar la respuesta del Gobierno de la isla como si hubiera sido presentada en la fecha requerida.
La opinión del grupo de trabajo de Naciones Unidas se dio a conocer este lunes 8 de junio en conferencia de prensa en Alemania, donde estuvieron presentes, Lars Rohwer, diputado del parlamento alemán; Janie Frómeta Compte, hija del prisionero político cubano-alemán Luis Frometa Compte; y Valerio Krüger, jefe de prensa de la Sociedad Internacional por los Derechos Humanos (IGFM), con sede en Frankfurt.
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