La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) anunció su disposición a someterse al escrutinio de una comisión internacional que determine si está o no involucrada con el narcotráfico a fin de concretar un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
En entrevista con The Associated Press, Aureliano Carbonell, miembro de la delegación del grupo armado que participa en el segundo ciclo de diálogos con el gobierno y que concluirá el viernes en México, rechazó que el ELN tenga vínculos con el tráfico de narcóticos como aseguran sus detractores.
Las próximas conversaciones se reanudarán en abril en Cuba, informaron el miércoles las partes. La Habana dijo el miércoles haber aceptado ser sede del próximo encuentro. El grupo está dispuesto a retomar la propuesta presentada hace tres años al gobierno colombiano y al estadounidense de una comisión "para examinar si nosotros estamos involucrados o no en el negocio". "Seguimos en pie frente a eso", aseguró Carbonell.
La isla “hará todos los esfuerzos” para el entendimiento entre las partes y mantiene "su disposición a continuar como garante” así como a permitir que el tercer ciclo del diálogo se efectúe en la isla, dijo la cancillería cubana en un comunicado.
El ELN, surgido en 1964 e inspirado en la revolución cubana, se ha sentado a hablar con el gobierno de Colombia en varias ocasiones desde la década de 1970.
El actual proceso, iniciado en 2017, se congeló en 2019 tras un ataque de la guerrilla a una escuela de policía que dejó 22 muertos y se reactivó el pasado noviembre con un presidente por primera vez de tendencia izquierdista y que en su juventud militó en la extinta insurgencia del M-19 (Movimiento 19 de Abril).
Uno de los objetivos del actual ciclo de conversaciones es acordar una hoja de ruta para avanzar, entre otros temas, hacia un alto el fuego nacional con la participación activa de la sociedad civil, aunque todavía no está claro cómo integrarla.
El gobierno aspira a que eso no sólo signifique la disminución de las confrontaciones armadas sino también de "las actividades ilegales generadoras de daño y de violencia", ha dicho el jefe de la delegación gubernamental José Otty Patiño.
El primer ciclo de la nueva etapa de conversaciones entre el gobierno y el ELN tuvo lugar entre finales de noviembre y diciembre en Venezuela.
En 2006, el ELN prohibió a sus tropas financiarse de actividades ilegales, como el narcotráfico y la minería de oro, ya fuera cobrando impuestos o controlando todo el negocio, según la Comisión de la Verdad creada tras la firma en 2016 del acuerdo de paz con la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estados Unidos y la Unión Europa todavía tienen al ELN en el listado de organizaciones terroristas. Para Carlos Beristain, quien integró la Comisión de la Verdad, este paso sería importante si se hace ligado a garantizar condiciones de seguridad para las comunidades y con supervisión internacional y de la Iglesia católica, que es acompañante del proceso.
El comisionado agregó que otro punto básico es avanzar en un "acuerdo humanitario" para que "la gente pueda tener una experiencia también de paz" durante las negociaciones.
Las partes coinciden y en diciembre pactaron atender ciertas emergencias pero, según Carbonell, algunas de esas "dinámicas humanitarias" siguen pendientes, como beneficios penitenciarios a ciertos presos del ELN o que se garantice la atención de salud o alimentaria en algunas comunidades de las zonas en conflicto. Por ello insistió en acelerar la creación de corredores humanitarios con supervisión internacional que permitan el abastecimiento de la población y que ésta pueda desplazarse en condiciones seguras.
El ELN, dijo Carbonell, está dispuesto a hacer su parte y respetar la integridad de esos corredores pero recordó que en muchos territorios operan distintos grupos armados y bandas de narcotraficantes enfrentados entre sí. Parte de ellos aceptaron un cese del fuego con el gobierno pero no con la guerrilla.
"Si a usted le atacan, usted no puede quedarse cruzado de brazos", señaló Carbonell tras recordar que ellos sólo están negociando con el Ejecutivo. El ELN ha cuestionado la estrategia de "paz total" de Petro porque no quiere estar al mismo nivel que otros actores armados como el Clan del Golfo, considerado el grupo más peligroso de Colombia.
Petro ha dejado en claro que con los narcotraficantes no negociará políticamente sino que tendrán que someterse a la justicia. En las conversaciones con el ELN, el gobierno optó por apuestas arriesgadas como integrar en su delegación a un hombre cercano al influyente y polémico expresidente Álvaro Uribe, pero Carbonell lo consideró positivo.
"Para avanzar en un proceso se necesita el concurso de muchos y en especial de los sectores que tradicionalmente han mandado en el país".
Las seis décadas de conflicto interno en Colombia han dejado casi medio millón de asesinados, más de 120.000 desaparecidos y 7,7 millones de desplazados, según el informe de la Comisión de la Verdad publicado el año pasado.
Ahora, el proceso de diálogo es visto con cierto optimismo. Desde noviembre, ambas partes han dado gestos de buena voluntad: el gobierno suspendiendo órdenes de captura que pesaban sobre los negociadores de la guerrilla y el ELN liberando a más de 20 secuestrados, el último este mismo miércoles, dos días antes de cerrar el ciclo de conversaciones en México.
Pero la última guerrilla activa de Colombia también quiere aprender de los errores del proceso de paz con las FARC porque muchos acuerdos siguen pendientes de ser puestos en marcha. Petro apostó por acelerar algunos, como la reforma rural, pero persisten problemas con más de 13.000 excombatientes en proceso de reinserción y perseguidos por la violencia.
Al menos 355 de ellos ya fueron asesinados, según un reciente informe de Naciones Unidas.
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