Un reporte de Human Rights Watch detalla cómo Nicolás Maduro, con la ayuda de la Asamblea Nacional, usa el sistema de justicia penal para castigar a quienes critican su gestión en la Presidencia de Venezuela.
"El Gobierno de Venezuela utiliza el sistema de justicia como una fachada, pero la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes", señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch.
"Las autoridades venezolanas han abusado, de forma recurrente, de sus facultades para limitar la libre expresión, y eso impide un debate abierto y democrático, lo cual es especialmente importante de cara a las elecciones legislativas que se realizarán en diciembre", dijo Vivanco cuya organización ha logrado documentar más de una treintena de casos de personas que enfrentan cargos penales o fueron amenazadas con ser investigadas penalmente por haber criticado públicamente al Gobierno.
Entre estos casos se incluyen 22 personas vinculadas con medios de comunicación venezolanos que difundieron información sobre la supuesta vinculación de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido gobernante, con un cartel de narcotráfico conocido como "Cartel de los Soles".
El SEBIN detuvo e interrogó a otras seis personas, de las cuales cinco están sujetas a procesos penales por sus declaraciones. Con relación a las tres personas restantes, en dos casos las autoridades abrieron una investigación penal en su contra y amenazaron con perseguir penalmente a la tercera, explica el informe.
Entre los casos documentados por Human Rights Watch se incluyen el caso de un médico que fue detenido por agentes de Inteligencia y amenazado con la posibilidad de un proceso penal por cuestionar en televisión la escasez de medicamentos; el de un ingeniero que fue detenido luego de que un periódico local publicara declaraciones suyas, en las cuales criticaba políticas gubernamentales que regulan el acceso al suministro eléctrico; y el de una clarividente que había sido diagnosticada con trastornos psicológicos, que fue detenida y procesada por haber anunciado a través de Twitter, entre otras cosas, que "morirá la dictadura en Venezuela".
Si bien la mayoría de los detenidos han sido liberados condicionalmente, los cargos penales y las investigaciones se mantienen vigentes, indicó Human Rights Watch.
La ausencia de un poder judicial independiente en Venezuela agrava considerablemente la amenaza que estas leyes representan para la libertad de expresión, indicó Human Rights Watch.
El poder judicial venezolano ha dejado en gran medida de actuar como un poder independiente del Gobierno desde que en 2004 el presidente Chávez y sus partidarios lograron influenciar el Tribunal Supremo de Justicia.
"Este gravísimo abuso del sistema judicial es posible debido a que no existen instituciones verdaderamente independientes en Venezuela que puedan proteger los Derechos Humanos y actuar como frenos y contrapesos del poder ejecutivo", observó Vivanco.
"Amenazar y perseguir penalmente a las personas que denuncian los problemas que atraviesa Venezuela no va a conseguir que estos problemas desaparezcan", concluye Vivanco.
Para leer el informe completo de HRW pulse aquí.
