(Washington D.C.) – La combinación de la severa escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela con la propagación de enfermedades a través de sus fronteras representa una emergencia humanitaria compleja que exige una respuesta rotunda de la Secretaría General de las Naciones Unidas, señalaron expertos y médicos de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins y Human Rights Watch en un informe conjunto difundido hoy.
Durante el gobierno de Nicolás Maduro, las autoridades venezolanas no solo demostraron que no tienen la capacidad para ponerle fin a la crisis, sino que la han exacerbado al negarla y censurar información sobre la magnitud y la urgencia de los graves problemas que enfrenta el país.
El informe de 73 páginas, titulado “La emergencia humanitaria en Venezuela: se requiere una respuesta a gran escala de la ONU para abordar la crisis de salud y alimentaria”, documenta un aumento de los niveles de mortalidad materna e infantil; brotes de enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, como el sarampión y la difteria; e incrementos drásticos en la transmisión de enfermedades infecciosas, como malaria y tuberculosis.
Los datos disponibles muestran altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil, así como una alta proporción de niños y niñas ingresados en hospitales con desnutrición.
“Por más que lo intenten, las autoridades venezolanas no pueden ocultar la realidad del país”, expresó Shannon Doocy, PhD y profesora asociada de Salud Internacional de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, quien realizó investigaciones en la frontera de Venezuela.
“El colapso absoluto del sistema de salud de Venezuela, combinado con la escasez generalizada de alimentos, está agudizando el calvario que viven los venezolanos y poniendo a más personas en riesgo. Necesitamos del liderazgo de la ONU para contribuir a terminar con esta grave crisis y salvar vidas”.
A fin de marzo de 2019, la Federación Internacional de la Cruz Roja anunció que aumentaría su presencia en Venezuela para cubrir las necesidades de unas 650,000 personas. Un informe interno de la ONU filtrado a la prensa en las mismas fechas sostiene que la población en Venezuela que necesita ayuda es de aproximadamente 7 millones.
Los autores del informe señalaron que el secretario general de la ONU, António Guterres, debería liderar los esfuerzos para definir una respuesta a gran escala que permita abordar la situación dentro y fuera del país. Específicamente, el secretario general debería:
Declarar oficialmente que en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja, principio técnico de la ONU que permitiría destrabar la movilización de recursos humanos y materiales suficientes para abordar las necesidades urgentes del pueblo venezolano;
Encargarle al Coordinador de Socorro de Emergencias de la ONU, quien también dirige la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), que aborde la crisis venezolana como un asunto prioritario que requiere movilización de esfuerzos y recursos de asistencia humanitaria a gran escala; y
Urgirles a las autoridades venezolanas que publiquen datos oficiales sobre enfermedades, epidemiología, seguridad alimentaria y nutrición para que la ONU pueda llevar adelante una evaluación completa de las necesidades humanitarias y de la magnitud real de la crisis en todo el país.
Expertos de Human Rights Watch y del Centro por la Salud Humanitaria (Center for Humanitarian Health) y el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos (Center for Public Health and Human Rights) de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins entrevistaron a más de 150 personas para elaborar este informe. Entrevistaron a profesionales de la salud, ciudadanos venezolanos que habían llegado recientemente a Colombia y Brasil para solicitar atención médica o en busca de alimentos, representantes de organizaciones humanitarias internacionales y no gubernamentales, funcionarios de las Naciones Unidas y funcionarios de los gobiernos brasileño y colombiano. El equipo también analizó datos sobre la situación dentro de Venezuela aportados por fuentes oficiales, hospitales, organizaciones nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales. La elaboración del informe tomó un año.
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han informado que:
- Entre 2008 y 2015, solamente se registró un caso de sarampión (en 2012). Desde junio de 2017, se han reportado más de 9.300 casos de sarampión, de los cuales se confirmaron más de 6.200.
- No hubo en Venezuela ningún caso de difteria entre 2006 y 2015, pero desde julio de 2016 se han reportado más de 2.500 presuntos casos, y más de 1.500 de estos se han confirmado.
- La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la cantidad de casos confirmados de malaria ha aumentado en forma constante en los últimos años, de menos de 36.000 en 2009 a más de 414.000 en 2017.
- El número de casos de tuberculosis registrados en Venezuela aumentó de 6.000 en 2014 a 7.800 en 2016, y en informes preliminares se indica que hubo más de 13.000 casos en 2017. La tasa de incidencia de la tuberculosis ha aumentado en forma constante desde 2014, y en 2017 llegó a ser de 42 cada 100.000 personas. Se trata de la tasa más alta en Venezuela en 40 años.
- En 2018, se estimó que casi nueve de cada diez venezolanos que viven con VIH y se encontraban registrados ante las autoridades no estaban recibiendo tratamiento antirretroviral, aunque se desconoce la cantidad total de personas que necesitan ese tratamiento.
Las estadísticas oficiales más recientes del Ministerio de Salud de Venezuela indican que, en 2016, la mortalidad materna aumentó un 65 % y la mortalidad infantil creció un 30 % respecto de 2015. Aunque la mortalidad infantil se ha elevado en toda la región, Venezuela es el único país de América del Sur donde la mortalidad infantil ha vuelto a valores que se habían registrado por última vez en la década de 1990.
El hambre, la desnutrición y la severa escasez de alimentos son fenómenos extendidos en todo el territorio nacional. En 2018, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) indicó que, entre 2015 y 2017, casi el 12 % de los venezolanos —3,7 millones— estaban subalimentados, comparado con menos del 5 % entre 2008 y 2013. En encuestas extraoficiales se detectó que la mayoría de los hogares venezolanos están en situación de inseguridad alimentaria y que el nivel de niños y niñas de menos de cinco años con desnutrición aguda moderada y severa es alarmantemente alto.
El éxodo masivo de venezolanos —más de 3,4 millones en los últimos años— está desbordando los sistemas de salud de los países receptores. Los datos reunidos en Colombia y Brasil muestran un aumento abrupto en la cantidad de ciudadanos venezolanos que intentan obtener tratamiento médico en el extranjero, y diversos doctores indicaron que, en general, los venezolanos llegaban tras haber recibido un tratamiento limitado en su país, o directamente sin haber recibido ningún tratamiento.
Aunque en 2018 empezó a ingresar más ayuda internacional en Venezuela, varios funcionarios de organizaciones humanitarias internacionales y no gubernamentales que tienen presencia en el país afirmaron que dicha asistencia no cubre las necesidades urgentes de la población. En muchos casos, las autoridades han interpuesto obstáculos a las actividades de esas organizaciones.
Si bien las autoridades venezolanas pueden rechazar ofrecimientos específicos de asistencia, tomar esa decisión impone la obligación de definir alternativas que permitan abordar de manera efectiva las necesidades urgentes de la población.
Las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro no han cumplido con su obligación, manifestaron Human Rights Watch y expertos de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.
“Las autoridades venezolanas públicamente minimizan la crisis, censuran información, hostigan y toman represalias contra quienes recopilan datos o informan sobre lo que ocurre, y, además, hacen poco y nada para paliar el sufrimiento del pueblo”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Estas autoridades son responsables por la pérdida innecesaria de vidas que ha causado su negación de la crisis y sus políticas de obstrucción”.
