En medio de la pandemia del COVID-19, en Cuba “no han cesado las violaciones de los derechos humanos”, no solo con los disidentes, sino también con toda la sociedad, dice el informe correspondiente a abril del Centro Cubano de Derechos Humanos.
A la buena noticia de que a principios de mes salieran de prisión el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y los otros tres miembros de UNPACU sometidos a procesos arbitrarios, el documento contrapone como “una de las mayores crueldades de la dictadura” el caso de la prisionera política Aimara Nieto Núñez.
Después que la trasladaron a una cárcel en Las Tunas, a más de 700 kilómetros de distancia de su residencia, “en dos ocasiones le han prohibido que se le entregue la jaba de alimentos y aseo que está establecida, llegando al colmo de la desvergüenza de quedarse con todo” lo que le llevaban, denuncia el reporte.
Hay 75 prisioneros considerados presos de conciencia, y otros 29 --la mayoría con muchos años cumplidos y con largas sanciones— que están en la cárcel por otros delitos contra la Seguridad del Estado.
“También hay 30 disidentes en régimen de prisión domiciliaria, entre los que se encuentran los nueve que pertenecen al Grupo de los 75”, indica el documento.
En 13 de las 15 provincias se llevaron a cabo 70 detenciones, algunas de ellas por más de 24 horas y exponiendo a los disidentes al contagio de la pandemia. Sin embargo, la cifra representa una reducción de más de un 50% con respecto al mes de marzo, señala el documento.
Un desglose por provincias muestra que La Habana tuvo el mayor número de arrestos por causas políticas, con 23, seguida por Villa Clara y Santiago de Cuba, que reportaron nueve cada una. Completan la lista de las primeras seis en ese orden Mayabeque, Camagüey y Guantánamo, con cinco detenciones respectivamente.
Sin embargo, en abril los hostigamientos sobrepasaron los reportados el mes de marzo.
“Se pudieron confirmar 77 formas diferentes de hostigamiento, lo que implica un poco más que el doble que el mes anterior”, subraya el informe. “Los hombres fueron más reprimidos que las mujeres, con un total de 47 de ellos. Se reportaron hechos en 11 provincias y en la Isla de la Juventud”, añade.
Menciona el acoso a personas sancionadas por el Decreto Ley 370 con multas de tres mil pesos y, en algunos casos, el decomiso de sus teléfonos celulares. “Esta es una de las formas más usadas durante abril de hostigamiento hacia los disidentes, tratando de que no escriban algo en contra del régimen en internet”, dice.
El reporte incluye también un inventario de atropellos reportados tanto directamente a los autores como mediante denuncias en redes sociales.
“La realidad es que no se ha podido resolver, ni tan siquiera con hostigamiento, el problema de las colas que se mantiene en el día a día, haciendo cada vez más difícil la vida del cubano promedio”, observa. “Y lo más triste para el pueblo es que no se ve solución por ningún lugar y mucho menos una alternativa por parte del régimen, lo que quiere decir que no hay Plan B”.
