Un grupo de intelectuales y académicos dentro y fuera de la isla denunció en un comunicado el acoso del Estado cubano a proyectos independientes como es el caso del Centro de Estudios Convivencia.
El Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia, a raíz de conocer que Karina Gálvez, economista perteneciente al grupo, fue sentenciada a tres años de privación de libertad y al decomiso de su vivienda por el delito de evasión fiscal, denunció el asedio del gobierno cubano y su incapacidad para "adecuarse a los imperativos económicos, jurídicos, culturales y simbólicos que la sociedad insular, en sintonía con las tendencias mundiales, requiere y demanda".
Gálvez fue detenida el 11 de enero e interrogada en la Dirección Técnica de Investigación Criminal de Pinar del Río. Su casa, que funcionaba como sede del Centro de Estudios Convivencia, fue sellada y ahora está a disposición de la Dirección Municipal de Vivienda.
A continuación publicamos el texto completo del Pronunciamiento de integrantes del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia:
Los abajo firmantes, integrantes del Consejo Académico del Centro Convivencia,expresamos nuestro más claro repudio a la sentencia emitida por un tribunal cubano en contra de la economista Karina Gálvez Chiú, fundadora e integrante del equipo de Convivencia. El fallo, en relación al supuesto delito de evasión fiscal, establece la limitación (por tres años) de libertad, restricciones al movimiento y ejercicio de derechos políticos, así como el decomiso de la vivienda de nuestra colega; inmueble que sirve de sede a las actividades del Centro.
A despecho de las pruebas profesionalmente presentadas por la defensa y haciendo uso de un lenguaje lleno de tecnicismos -que mal disfraza los móviles políticos de la decisión-, el acto constituye una fase superior del asedio del Estado cubano a un proyecto caracterizado por la vocación de servicio comunitario, su capacidad para el análisis y prospectiva en política pública, el fomento de la comunicación y educación ciudadanas y un sostenido apoyo a la reconciliación entre la nación y su diáspora, así como entre Cuba y su vecino EUA. Directamente, el fallo se dirige a sancionar y desincentivar el compromiso individual y el uso de recursos personales -incluidos los inmuebles- para la promoción de actividades cívicas; algo de innegable trascendencia para un tejido social afectado por el pobre desempeño económico, el crecimiento de diversas desigualdades y, en la coyuntura actual, el impacto de terribles desastres naturales.
Convivencia no es un partido político, un movimiento armado o un grupo terrorista. Es una de las miles de organizaciones que, internacionalmente, llevan la voz y propuestas de la ciudadanía a un diálogo fecundo con sus autoridades y contrapartes globales. Con semejante acoso, el Estado cubano demuestra su incapacidad para adecuarse a los imperativos económicos, jurídicos, culturales y simbólicos que la sociedad insular, en sintonía con las tendencias mundiales, requiere y demanda.
Por tal razón, DENUNCIAMOS la comisión de este nuevo atropello contra los derechos humanos de ciudadan@s cuban@s, ANUNCIAMOS nuestra decisión de acompañar, en cuanta instancia y mecanismo legal o de otro tipo sea pertinente, las estrategias de defensa y denuncia decididas por el Consejo Directivo de Convivencia.Y APELAMOS a todas las personas solidarias -en especial a aquellos académicos que han conocido e interactuado, durante estos diez años, con los integrantes y programas del Centro- a que sumen sus voces frente esta desproporcionada e injustificable acción punitiva.
Suscriben (por orden alfabético): Armando Chaguaceda, Carmelo Mesa-Lago, Cristian Larroulet, Elías Amor, Juan Antonio Blanco, Dimas Castellanos, Gerardo Martínez-Solanas, Marifeli Pérez-Stable, Pedro Campos, Rafael Rojas, Silvia Pedraza, Miriam Celaya.
