Una treintena de jóvenes cubanos de la sociedad civil independiente dieron inicio este martes a un seminario convocado por la Fundación Rescate Jurídico, con el fin de debatir, entre otros temas, sobre la actual sucesión de poder en Cuba.
A la sesión "Encuentro Fraternal por la Democracia en Cuba", organizada en la Casa Bacardí, de la Universidad de Miami, asistieron miembros de grupos opositores, partidos políticos, el Movimiento Damas de Blanco y periodistas independientes.
El profesor Jaime Suchlicki abrió el debate con una explicación sobre lo que consideró términos que pueden confundirse: ‘transición’ y ‘sucesión’, este último, en la opinión de muchos define, lo que sucede hoy en la isla.
El ascenso y “presentación pública” de Alejandro Castro Espín como heredero del general Raúl Castro y su dominio de los hilos que mueven la economía cubana fue el tema de la presentación de Suchlicki, director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos.
“El estudio de las transiciones más exitosas ocurridas en el antiguo campo socialista no ha hecho ver que su triunfo radica en llevar al mismo tiempo que los cambios económicos, los cambios políticos (…) Sin eso, veríamos en Cuba lo que ha sucedido con China, desde que hace cuarenta años comenzaron los cambios que no han traído libertad para el pueblo asiático”, consideró el profesor de la Universidad de Miami.
Los jóvenes como protagonistas
El licenciado César Mendoza Regal, director ejecutivo del independiente Centro de Estudios para el Desarrollo Local (CEDEL) enfatizó en la necesidad “de un intercambio entre los diferentes estratos de la sociedad civil independiente, donde no hay exclusiones a la hora un cambio real en Cuba”.
En una fecha reciente que no precisó Mendoza, asegura haberse reunido con miembros de la sociedad civil de México “donde la mayoría es favorable al gobierno cubano, como lo son muchos en Cuba” y precisó que el trabajo de los grupos no autorizados en la isla debe enfocarse “en la gente de la calle y no excluir ni a los oficilistas ni a los que están en contra".
Marta Sánchez Solís trabaja “directo, con la comunidad más cercana”, y lo hace en el municipio Los Arabos, específicamente San Pedro de Mayabón, provincia de Matanzas.
“Tengo que decir mi pueblito porque soy una guajira orgullosa”, afirma la directora del boletín “El Cocodrilo Callejero”, una publicación semanal adscrita al Instituto Cubano para la Libertad de expresión y Prensa (ICLEP), que coordina desde Miami el ex prisionero político Normando Hernández.
El suplemento está enfocado en tramitar las dificultades de los cubanos ante la burocracia oficial. “Nosotros insistimos, vamos al gobierno, que a veces nos atiende y otras veces nos tiran las puertas en las narices y nos dicen: ‘váyanse de aquí, gusanos’. Pero ya sea en la calle o en una farmacia, interactuamos con estos funcionarios y les exigimos por estas personas que se acercan a nosotros”, señala Sánchez.
Rememora Marta Sánchez el caso de Mariannes Borges Coba. “Es una muchacha de 22 años que deambulaba con una niña en brazos por el poblado de Macagua, dormía en una parada. Ella se entrevistó con Ricardo Vieras Prats, presidente del gobierno municipal y le dijo voy con los periodistas ciudadanos, si tú me dices que mi caso no te interesa, me voy a entrevistar con ellos, porque yo sé que ellos no me van a dar una casa, pero me van a dar voz”.
Según el testimonio de Sánchez, la Dirección Municipal de la Vivienda actuó en favor de la joven desamparada en pocas semanas.
Finalmente Roberto Jiménez Gutiérrez Ramírez, del grupo disidente Juventud Activa Cuba Unida (JACU) hizo hincapié en la necesaria vinculación entre los grupos opositores en Cuba.
“Lo que hace falta es llegar a estrategias en común para un proyecto de país, que es lo que va a permitir que el cambio se apresure”, concluyó.
Uno de los invitados al seminario, el joven periodista del ICLEP, Abel Estrada, no pudo viajar a Miami por la negativa de las autoridades cubanas.
“Me dijeron en la Aduana que yo tenía prohibición de salida del país”, afirma Abel extrañado pues no tiene causa penal pendiente ni multas que le impidan viajar. Los funcionarios no le dieron una explicación y se limitaron a indicarle que acudiera a Atención a la Ciudadanía en su provincia.
