El juez federal Daniel Rafecas desestimó el jueves la denuncia que había presentado el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de ser los responsables del peor atentado terrorista ocurrido en Argentina, lo que le da un respiro a la mandataria en el momento más difícil de su gestión.
El Juez dijo que "no están dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal" a partir de la denuncia presentada por Nisman el pasado 14 de enero, informó el Centro de Información Judicial.
Nisman fue hallado muerto el 18 de enero, cuatro días después de acusar a la Presidenta, al canciller Héctor Timerman, a un diputado oficialista, a dos supuestos espías, a un referente de la comunidad iraní en Buenos Aires y a dirigentes sociales afines al Gobierno de haber participado en un plan para "garantizar la impunidad" de los ocho iraníes acusados de idear el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina, que causó 85 víctimas fatales.
Su muerte, que la justicia investiga para determinar si fue un suicidio o un asesinato, generó una crisis política e institucional en el país.
La denuncia de Nisman había sido avalada días atrás por su colega el fiscal Gerardo Pollicita, que la reavivó al entender que había sospechas fundadas para investigar a la mandataria y había pedido al juez que autorizara la práctica de una serie de pruebas para avanzar en la investigación.
Pero, según Rafecas, ninguna de las hipótesis defendidas por Pollicita, al avalar la denuncia del fallecido Fiscal, "se sostienen mínimamente" y el "presunto delito nunca se cometió".
De su análisis de los elementos del caso presentados, el juez concluyó que "inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de 'encubrimiento' y/o 'entorpecimiento de la investigación' del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto 'plan criminal' denunciado".
Fernández y funcionarios del Gobierno descalificaron la denuncia del fallecido Fiscal y la atribuyeron a un complot ideado por un ex agente de Inteligencia que fue destituido en diciembre y que era cercano al investigador.
La comunidad judía reaccionó a la decisión de Rafecas diciendo que "merece el mayor de los respetos", según declaró el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Julio Schlosser. "Uno se siente sorprendido, pero no frustrado", dijo Schlosser. "Si dijeran que ya no puede saberse más sobre el asesinato de 85 personas".
Nisman basó buena parte de su denuncia en escuchas telefónicas que fueron autorizadas por la justicia en el marco de la investigación del atentado contra el centro judío ocurrido en 1994.
Las escuchas involucraron a dirigentes sociales cercanos al Gobierno que, en público, mostraron una actitud antisemita y a un dirigente de la comunidad iraní que, según infirió Nisman de las intervenciones telefónicas, mantuvo al tanto a uno de los acusados del atentado del supuesto plan para lograr la impunidad de los imputados.
Fernández y el canciller Timerman no aparecen hablando en las escuchas pero son mencionados por algunos de los imputados en ese supuesto plan de encubrimiento, subrayó Nisman en su denuncia, la más grave recibida por la mandataria en sus más de siete años de gobierno y que se suma a otras acusaciones entre las que se cuenta una por presunto lavado de dinero.
La decisión del juez puede ser apelada por Pollicita ante el fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes.
Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública, dijo a The Associated Press que la medida tomada por Rafecas "le da aire al Gobierno".
El analista señaló que desde el 18 de enero, cuando el Fiscal fue hallado muerto en su departamento cuatro días después de denunciar a la Presidenta, el Ejecutivo "venía recibiendo sólo malas noticias". "Si había algo que impactaba en la opinión pública era la muerte de Nisman. Sin dudas el más perjudicado fue el Gobierno", dijo Bacman, para quien Fernández "sigue teniendo una buena imagen del 41%".
El analista Ignacio Fidanza, director del portal La Política Online, dijo que Rafecas está "condicionado" por ser un juez que ha afrontado varias solicitudes de destitución impulsadas por el oficialismo. Una de esas solicitudes derivó del manejo que hizo de la investigación contra el vicepresidente Amado Boudou, por la supuesta compra irregular de una imprenta que produce el papel moneda argentino.
Rafecas fue apartado de esa causa porque un tribunal consideró que había incurrido en la presunta violación de la reserva del sumario al haber intercambiado mensajes de texto con el abogado de uno de los imputados en la investigación.
Fidanza destacó, no obstante, que varios abogados constitucionalistas ya habían sostenido que la denuncia de Nisman no era sólida. Abogados penalistas dijeron, en tanto, que había indicios para seguir investigando.
Rafecas dijo que tras haber estudiado "con máximo detenimiento" los elementos reunidos por Nisman llegó a la conclusión de que "no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado".
Así, el magistrado echó por tierra la acusación de que el Gobierno acordó con el Estado iraní proteger a los acusados del atentado y que el colofón de ello fue un memorando de entendimiento firmado en enero de 2013 entre los dos Gobiernos con la alegada argumentación de avanzar en la investigación del ataque, por el que todavía no hay detenidos.
"Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir... una ayuda material concreta prestada –en este caso– a prófugos de la justicia argentina?", se preguntó Rafecas.
El juez se refiere a que nunca se puso en funcionamiento una Comisión de la Verdad, prevista en el memorando, que a su vez fue declarado inconstitucional por un tribunal argentino. Esa comisión debía estar integrada por juristas internacionales que podían hacer recomendaciones sobre la investigación del atentado terrorista.
Nisman consideró esa comisión iba a ser en realidad una fachada ya que, según sostenía, ambos países tenían previsto que la misma garantizara la impunidad de cinco de los ochos iraníes acusados, sobre quienes pesaban alertas rojas de Interpol o prioridades de búsqueda.
En ese sentido, el juez consideró "infundada la versión" de Nisman según la cual el Canciller argentino "habría hecho gestiones en Interpol para dar de baja las notificaciones rojas" en el marco de la firma de dicho memorándum de cooperación judicial.
El magistrado tuvo en cuenta los dichos de Ronald Noble, Secretario General de Interpol cuando se firmó el memorando. "Puedo afirmar con un ciento por ciento de certeza, ni un atisbo de duda, que el Ministro de Relaciones Exteriores (Héctor) Timerman y el Gobierno argentino ha sido constante, persistente e inquebrantable para lograr que Interpol emita, mantenga vigentes y no suspenda o remueva sus notificaciones rojas", señaló Noble entonces.
Nisman argumentó que el acercamiento de Argentina a Irán tenía como propósito restablecer las relaciones comerciales entre Estados e intercambiar granos por petróleo en un contexto de desabastecimiento energético.
Shannon O'Neal, especializada en Latinoamérica para el centro de estudios Council on Foreign Relations, señaló a su vez que las acusaciones contra la Presidenta han "debilitado al Gobierno" y los "argentinos todavía están abiertos a las teorías conspirativas".
"Incluso con la desestimación de los cargos en contra de ella, todavía hay interrogantes sobre quién mató a Nisman", señaló.
