Para atraer capital, el gobierno cubano está apelando a los cubanos residentes fuera de la isla como extranjeros. Sin embargo, para tramitar sus visitas a Cuba, los acepta solo como cubanos que paguen pasaportes cubanos y estrictas condiciones Made in Cuba.
“No existe ninguna limitación para que cubanos residentes en el exterior inviertan en el país”, declaró el jueves en el programa de propaganda gubernamental Mesa Redonda el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz.
Pero tampoco hay leyes que limiten la potestad del gobierno cubano para despojar de su inversión en Cuba a una persona nacida en la isla y residente en el extranjero.
Hace poco más de un año, el 31 de mayo de 2019, Malmierca hizo la misma convocatoria repetida el jueves en la Mesa Redonda, aquella vez en un mensaje de Twitter: “La ley 118 de Inversión Extranjera no establece ninguna limitación respecto al origen del capital. En ese sentido ciudadanos de origen cubano no están limitados de invertir en Cuba”.
Cuando habla de inversionistas nacionales, la Ley de Inversión Extranjera vigente (Ley No. 118 de 2014) dice en su Artículo 2, Capítulo II, inciso m, que se trata de “una persona jurídica de nacionalidad cubana, con domicilio en el territorio nacional, que participa como accionista en una empresa mixta, o sea parte en un contrato de asociación económica internacional”.
Si no tiene domicilio en el territorio nacional o, lo que es lo mismo, si no se ha repatriado, el cubano que vive fuera de Cuba puede abrir un negocio en su país solo como extranjero. A la vez, si para hacerlo se ha repatriado y de pronto quiere llevarse su dinero al país donde reside, el Artículo 9 del Capítulo III (“De las garantías a los inversionistas”) hace una salvedad en su punto 2:
“Las personas naturales extranjeras que presten sus servicios a una empresa mixta, a las partes en cualquier otra forma de asociación económica internacional o a una empresa de capital totalmente extranjero, siempre que no sean residentes permanentes en la República de Cuba, tienen derecho a transferir al exterior los haberes que perciban dentro de la cuantía y conforme a las demás regulaciones dictadas por el Banco Central de Cuba”.
No solo habría un campo minado en esas regulaciones de cuantía emitidas por el Banco Central de Cuba: si el inversionista es residente permanente en la República de Cuba, la ley establece claramente que no puede sacar su dinero.
A su vez, en una situación de conflicto, el inversionista “cubano-extranjero” podría estar en Cuba únicamente en su condición de cubano, con un pasaporte cubano y sujeto a las leyes cubanas. No como extranjero, a pesar de que la ley le hubiese exigido invertir como tal porque no tenía residencia en la isla.
“La adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana”, dice el Artículo 36 de la Constitución vigente, y luego: “Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el territorio nacional, se rigen por esa condición, en los términos establecidos en la ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera”.
"Desprecio por el inversionista cubano"
Entre 1968 --cuando el régimen cerró los negocios privados-- y 1982 no hubo inversiones foráneas en Cuba que no fueran las “ayudas” de la extinta Unión Soviética y los países del llamado campo socialista, recordó el año pasado el economista Enix Berrios en el programa de Radio Martí Cuba al Día.
El primer instrumento legal de ese tipo aparece en 1982 con el objetivo de atraer inversiones al turismo, pero era muy pobre en garantías al inversionista, y solamente lo aprovecharon las empresas españolas que aún están en Cuba. En 1995, la Ley 77 pretende dar mayores oportunidades y garantías al inversionista, superando el precepto de que en una empresa nacional no podía ser mayoritaria la inversión extranjera, explicó Berrios.
“En definitiva, tampoco se hizo”, dijo. “Pero nunca se pensó, y esto es importante, para las empresas norteamericanas ni para los cubanos residentes en el exterior: eso debe quedar claro”.
La Ley de Inversión Extranjera vigente ahora, la 118 de 2014, se “aprueba” en medio de una crisis económica que obliga al gobierno cubano a buscar capital extranjero, “pero el capital internacional es cobarde”, comentó el experto. “No hay animal mas cobarde que un millón de dólares”, dijo en su momento el escritor y ensayista Carlos Alberto Montaner.
“El expediente cubano respecto a las garantías cuando decide incautar no es el mejor del mundo”, recordaba Berrios en junio de 2019, a raíz de la apelación que hizo Malmierca en Twitter. “Todos los años del socialismo cubano ha habido desprecio, no ha habido interés por los inversionistas cubanos del exterior, y mucho menos por los que residimos en la isla”.
Las sucesivas apelaciones a los cubanos residentes en el extranjero para que inviertan en Cuba “demuestra el oportunismo y la retórica de las autoridades cubanas”, manifestó Berrios.
Una y otra vez
En mayo de 2019 tampoco era la primera vez que las sirenas de La Habana cantaban para encantar a los nacionales que hicieron fortuna en el extranjero: hace siete años, en julio de 2013, martinoticias.com informaba que un funcionario cubano de alto rango había visitado Miami dispuesto a hacer una invitación semejante.
“Los cubanos que residen en el exterior pueden invertir en Cuba bajo las mismas condiciones que otros empresarios extranjeros, y serán beneficiados bajo una nueva ley de inversiones en preparación, aseguró en Miami el Cónsul de Cuba acreditado en la Sección de Intereses en Washington. D.C., Llanio González Pérez”, decía el reporte.
Se refería precisamente a la Ley 118 del año siguiente, 2014. Aunque la crisis ocasionada por el COVID-19 ha incrementado la urgencia de divisas para el gobierno cubano, la ofensiva venía preparándose desde antes.
“El proceso de normalización con la emigración es continuo, irreversible y permanente”, titulaba en La Habana en enero el diario Juventud Rebelde una entrevista con Ernesto Soberón Guzmán, director de asuntos consulares y atención a cubanos residentes en el exterior, a propósito de la convocatoria a la IV Conferencia “Nación y Emigración”, programada antes de la pandemia para abril.
“En tiempos de crisis con EEUU, Cuba convoca a sus emigrados”, tituló la agencia Associated Press un reporte de aquella convocatoria hecha por Soberón Guzmán.
Atraer la inversión extranjera fue uno de los tres puntos que Malmierca presentó el jueves en la Mesa Redonda como “algunas oportunidades que se deben aprovechar” en medio de la crisis, además de promover la exportación de bienes y servicios –dígase más brigadas médicas al extranjero-- y la sustitución de importaciones.
A juzgar por sus declaraciones, se limita a esta etapa de crisis que las empresas tengan la mayor libertad posible para funcionar de manera eficiente. “Vamos a flexibilizar el otorgamiento de facultades de exportación e importación a las empresas estatales cubanas, que a lo mejor no tenían aprobadas nomenclaturas para importar determinados productos”, dijo.
Según Malmierca, su ministerio contempla incentivos --no solo fiscales—para atraer la inversión extranjera al país, y uno de ellos, “flexibilizar los objetos sociales de las empresas con capital extranjero”, parece una velada referencia a cierta permisividad política.
