La presentación en España de una demanda judicial contra una “instrucción” de la llamada “Ley de Nietos”, ha generado gran inquietud en Cuba entre los aspirantes a la nacionalidad española.
La querella —admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid— no pide la derogación de la Ley de Memoria Democrática, sino que impugna la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia para desarrollarla.
“Esto no significa que la ley esté derogada. Eso no es cierto. La ley es una cosa, la instrucción es otra. Son cosas diferentes”, aclaró Estela Marina Pérez, directora general del Grupo Aristeo, en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la demanda alega que la instrucción “extiende el concepto de ‘exiliado político’ o ‘ideológico’” a todas las personas que emigraron desde España entre 1939 y 1955, “sin distinguir si lo fueron por motivos políticos o económicos, cuando la Ley se refiere exclusivamente a razones políticas”.
Además, califica de “gravísimo hecho” que sean las “asociaciones memorialistas, partidos y sindicatos afines al Gobierno [español] los que tendrán la potestad de certificar la condición de exiliados”, según versiones de la demanda publicadas por la prensa española.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica no respondió a las solicitudes de comentarios de Radio Televisión Martí.
Según la directora de Aristeo, la instrucción del 25 de octubre, que desarrolla la disposición adicional 8ª de la Ley de Memoria Democrática, referida a la nacionalidad española, “no tiene categoría de norma jurídica”, pero es la herramienta utilizada para aplicar la ley.
“El juzgado lo ha admitido a trámite, le va a dar curso y puede terminar en un archivo, o no. Eso dependerá de las alegaciones que se hagan por parte del Ministerio de Justicia”, concluyó Pérez.
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