Los enfrentamientos de los cubanos a la censura y la represión del Estado cubano aumentaron en noviembre, de acuerdo al informe del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), que registró 517 protestas públicas en todo el territorio nacional.
Entre las 223 protestas por Derechos Civiles y Políticos, 121 fueron “retos abiertos a la censura instituida mediante un férreo cuerpo legal contra las libertades de expresión y manifestación”, detalla el Observatorio Cubano de Conflictos, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
“Otras 102 fueron originadas por actos represivos, golpizas y otros abusos contra los presos de conciencia”, agrega.
La entidad, con sede en Miami, destaca la muerte del preso político Luis Barrios Díaz, de 35 años, por “negación de una oportuna atención médica, por parte de las autoridades penitenciarias”.
Las manifestaciones de descontento fundadas en Derechos Económicos y Sociales compiladas por la organización fueron 295, de las que se destacaron las que se derivaron de la ola de violencia social e inseguridad ciudadana, que ha obligado a las autoridades a admitir los altos índices de criminalidad.
La inseguridad alimentaria es otra de las categorías relevantes en la recopilación del Observatorio: las cada vez más largas brechas en la venta normada de víveres subsidiados llevaron a numerosos cubanos, sobre todo mujeres, a quejarse en las redes.
También se registraron quejas por deficiencias en servicios públicos, la mayor parte de ellas relacionadas con la salud. Las dificultades con la vivienda, incluidos los derrumbes, y otros problemas sociales motivaron expresiones de insatisfacción.
Según el informe del Observatorio de Conflictos, en las calles de varias ciudades ocurrieron protestas solitarias y colectivas, caracterizadas por barricadas, sentadas y reclamaciones a viva voz contra las crisis de la salud pública, el agua, los apagones eléctricos y la vivienda.
En La Habana Vieja, tras quince días sin agua, una docena de mujeres con sus hijos cerraron el tráfico con cubos, tanques y otros recipientes en una transitada intersección.
En La Rampa habanera frente al Ministerio de Salud Pública, un grupo de madres se plantó exigiendo atención y calidad de vida para sus hijos, pacientes de patologías serias.
En Bayamo, Granma, y el resto del país, las sentencias dictadas contra seis médicos del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, por la muerte de un joven accidentado, desataron la repulsa de cientos de miembros del gremio y ciudadanos en general.
La organización resaltó las decenas de recomendaciones presentadas durante el Examen Periódico Universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU contra el gobierno cubano, que “negó sin inmutarse la existencia de presos políticos en la isla tildando de delincuentes comunes a los más de mil que mantiene en las prisiones, y provocando así la ira de los familiares de los más de mil encerrados en el Gulag castrista”.
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