El Gobierno de Colombia y en particular las fuerzas del orden de ese país, han estado en el ojo del huracán dee los medios tanto nacionales como internacionales.
Ello a raíz de las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales izqueirdistas por supuesto exceso y abuso por parte de la fuerza pública, en medio de las organizadas protestas que desde el miércoles entraron a su cuarta semana.
En entrevista con la Voz de América, el Ministro de Defensa en Colombia, Diego Molano, aseguró que la fuerza pública ha actuado en “estricto apego a la ley y los derechos humanos".
Enfatizó en que ningún ciudadano, sea civil o policía, debería perder la vida y que se están adelantando las respectivas investigaciones, por parte de la Fiscalía General, que esclarezcan la participación de uniformados en hechos violentos.
Sobre la opinión de aquellos que afirman que el Gobierno no está reconociendo la violencia policial, el Ministro señaló que la función de la fuerza pública es garantizar los derechos de los protestantes pacíficos y que lamentan “las situaciones por actos irregulares y, por supuesto, inmediatamente actuamos para que sean investigadas y no haya ningún tipo de impunidad”.
“Aquí no debe haber ninguno lesionado, ni civiles ni policía. Ninguno debe perder la vida, ni civiles ni policías”, enfatizó Molano.
¿Qué hay detrás de las protestas?
El paro nacional que inició el pasado 28 de abril, ha ocasionando enfrentamientos con las autoridades, han cobrado la vida de civiles y uniformados, así como la destrucción de la propiedad privada y pública.
Según el Ministro, detrás de todo esto hay una combinación de tres factores: “Unas manifestaciones pacíficas que se han dado en Colombia frente algunos inquietudes e inconformidades sociales, que la fuerza pública acompaña y que, por supuesto, espera sean discutidos y dialogadas con el Gobierno”.
Alude además a que de manera simultánea han ocurrido “actos vandálicos y de violencia sistemáticos que han afectado la estabilidad y la tranquilidad de ciertas regiones, y frente a esos actos, si ha tenido que actuar la fuerza pública, lo ha hecho con estricto apego a la ley y a los derechos humanos”.
El ministro reiteró a la VOA que detrás de los actos vandálicos que se han presentado en diferentes ciudades del país como Cali y sus alrededores, Manizales, y Pereira “hay organizaciones criminales que, de forma sistemática, premeditada, organizada y financiada han buscado desestabilizar la región, con ataques sistemáticos” a instituciones públicas y a los sistemas de transporte.
Evidencias de organizaciones criminales
Las evidencias, según Molano, apuntan al Ejército de Liberación Nacional ELN y disidencias de las FARC.
En el caso del ELN, explicó, en el proceso de captura que se llevó a cabo el pasado 8 de mayo de Yeison Lerma Castro, alias ‘Lerma’, presunto cabecilla del frente urbano del ELN, señaló que estaría vinculado a actos vandálicos y ataques a la fuerza pública durante las protestas en Cali.
Por otro lado, Anderson Maldonado, alias ‘Jacobo’, presunto cabecilla del grupo de disidencias de las FARC, Dagoberto Ramos, quien fue capturado el 13 de mayo, y según información de la policía y la fiscalía, se “había estado vinculado con los actos violentos sucedidos en el 28, 29 y 30 de abril en contra de las instituciones y el sistema de transporte público y activos estratégicos de la ciudad”.
El ministro dijo a la VOA que el miércoles fueron capturados, por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía, más 25 de los patrocinadores de los hechos de violencia “que incluye una red de tráfico de armas de uniformes para grupos residuales y de delincuencia común, que tienen influencia en Cali, en el occidente del país”.
Denuncias de abuso policial
Según la ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 18 de mayo, la organización registró 27 denuncias de hechos de violencia sexual y de género cometidos presuntamente por miembros de la policía. La organización también ha registrado 51 asesinatos, 43 habrían sido autoría de la Fuerza Pública,
La organización Human Rights Watch expresó su preocupación por la situación del país y aseguró, hace un par de semanas, que se han verificado videos en los que se muestran tanquetas del Ministerio de Defensa disparando proyectiles indiscriminadamente contra civiles.
Sobre estas denuncias el ministro dijo que cuando “se han cometido actos irregulares individuales, porque no es una práctica generalizada de la policía, se han abierto las investigaciones respectivas”. Afirmó que en este momento hay 142 investigaciones disciplinarias en curso “por diferentes acciones, como abuso de autoridad, agresiones físicas, lesiones personales acoso sexual y de esas esperamos, que se ha colaborado con la justicia directamente, sean esclarecidas y no haya impunidad”.
En cuanto a la instrucción que se ofrece a la fuerza pública en medio de las protestas, el funcionario explicó que está encaminada en “actuar en contra de aquellas situaciones, cuando se presentan disturbios, si hay vulneración de derechos a terceros”.
Explicó que dentro de la policía, hay una política de formación y educación emitida, hace dos meses, para que la formación de todas las escuelas de la fuerza pública se dé una instrucción en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.
El ministro añadió que existen procedimientos judiciales, “inclusive un decreto reciente, de manejo de procedimientos policiales en manifestaciones y uso de la fuerza”.
Sobre los protocolos que cumple el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, señalado como el principal opresor de las protestas y culpable de muertes de algunos manifestantes,hay protocolos y resoluciones establecidos: “llega a términos como que, en cada ciudad,antes de salir a hacer un operativo, la personería de ese municipio debe verificar la identificación y el porte de armas de uso no letal por parte del ESMAD y, por supuesto, siempre unos informes que deben hacerse antes y después de cualquier operativo”.
Resaltó que en general hay policías en las calles buscando la garantía de la protesta pacífica, “pero también el control, cuando hay disturbios o violencia que afecta los derechos de los demás, o que hay destrucciones a las estructuras públicas, afectaciones al comercio”.
Molano dijo que existe una movilización en redes sociales de noticias falsas respecto a los abusos policiales y, que según el Centro de Atención Inmediata virtual de la ciberseguridad “se han identificado más de 104 noticias falsas, el 55 por ciento de estas noticias tienen que ver con el tema de abuso policial y se han ya denunciado como noticias falsas”.
Según esta entidad y la Defensoría del Pueblo, se han reportado 42 fallecidos, 15 casos tiene relación directa con las manifestaciones, 16 no la tienen y11 casos están en proceso de verificación.
¿Habrá reforma a la policía?
Esta es una de las peticiones de los manifestantes, ante los abusos policiales documentados en videos.
Al ser indagado al respecto, Molano señaló que hace dos meses comenzó una iniciativa de “Transparencia, Innovación y mejoramiento del servicio de policía”, la cual incluye “un proyecto de ley de profesionalización que está en discusión en el Congreso, que busca incluir la certificación de competencias en las distinciones y en el proceso de formación de todos los policías, que incluye competencias como en el uso de la fuerza, en procedimientos judiciales”.
Explicó sobre la presentación de un proyecto de “régimen disciplinario para la policía, una reforma a la estructura de la policía como otra iniciativa para garantizar incluir, en su estructura, mecanismos que permitan certificar esas competencias y tener un eje transversal de derechos humanos al interior de la policía”.
Finalmente, el Ministro no se refirió a la petición de la CIDH para visitar el país y esclarecer los hechos de violencia y señaló la Cancillería determinará cuáles procedimientos deben ser aplicados en Colombia. Además, una persona de su equipo de comunicaciones confirmó a la VOA que no hay información nueva sobre la presunta muerte de ‘Jesús Santrich’.
