El ente de control de medios de Ecuador impuso una multa de unos 350.000 dólares al diario El Universo, declarado en "resistencia" ante ese órgano por considerar que está actuando de "manera arbitraria" a la luz de una polémica ley de comunicación.
La multa, equivalente a 10% de la facturación de los últimos tres meses y declarada al Servicio de Rentas Internas (SRI), representa unos 350.000 dólares, indicó el domingo la ONG Fundamedios.
La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) indicó que impuso el castigo a El Universo, el de mayor circulación en el país, por reincidir en el incumplimiento de difundir en forma completa e íntegra una réplica del gobierno.
La semana pasada El Universo del puerto de Guayaquil (suroeste), con un tiraje promedio de 50.000 ejemplares diarios, se convirtió en el segundo periódico en menos de un mes en declararse en resistencia ante la Supercom.
Antes lo hizo La Hora de Quito, y ambos rotativos son considerados de oposición por el gobierno.
El Universo, que ha sido multado y obligado a rectificar bajo acusaciones de violar la ley de comunicación vigente desde hace dos años, alegó entonces que ha enfrentado "en completo estado de indefensión" los procesos administrativos -no penales- abiertos por el órgano de control.
La Constitución de Ecuador permite el derecho a la resistencia frente a "acciones u omisiones" del Estado o privados que vulneren garantías constitucionales.
"El rotativo reiteró que continúa en resistencia frente a las sanciones emitidas por esta entidad", señaló el domingo Fundamedios, dedicada a la promoción de la libertad de prensa y de expresión y también cuestionada por el Ejecutivo.
Al igual que otros medios, ambos periódicos han sido denunciados por incumplimientos de la ley de comunicación -llamada ley mordaza por sus críticos- y sometidos a audiencias que han derivado en multas o en rectificaciones de contenidos.
La norma que cuestionan organizaciones internacionales y locales de libertad de prensa, surgió de una consulta popular y es defendida por el presidente Rafael Correa como un freno a los abusos de los medios privados, a los que suele identificar como su mayor opositor.
La legislación aumentó los controles sobre la prensa y fijó una nueva distribución de frecuencias de radio y televisión entre sectores privados, públicos y comunitarios. La ley no prevé el cierre de medios.
