Cientos de miles de personas se manifestaron por todo Brasil el domingo para pedir la realización de un juicio político contra la presidenta socialista Dilma Rousseff por un enorme escándalo de corrupción y por el peor desplome económico en un cuarto de siglo en el país.
Las últimas encuestas muestran que, cuando todavía no cumple un año de su segundo mandato, la popularidad de Rousseff se ha desplomado a un sólo dígito y que dos de tres personas quieren que se le realice una impugnación.
En la tercera ola de protestas contra Rousseff este año, las manifestaciones convocadas a través de los medios sociales en la mayor economía de América Latina se realizaron bajo un ambiente familiar y festivo y con cánticos de "Fuera Rousseff".
Alrededor de 135.000 personas se tomaron el distrito financiero de Sao Paulo, según la encuestadora Datafolha, y otras 25.000 se reunieron en el frontis del Congreso en Brasilia, según la policía. Ambas cifras son similares con protestas realizadas en abril, pero menores que las de marzo.
Un portavoz del Gobierno dijo en un comunicado que las manifestaciones eran una "parte normal de la democracia".
Existe un amplio respaldo al movimiento debido a que el creciente desempleo y la elevada inflación presagian la peor desaceleración económica desde al menos 1990. Las medidas de austeridad que aplicó el Gobierno para proteger la calificación de grado de inversión han anulado el apoyo a la mandataria y son resistidas por los legisladores.
"Todos oímos de los recortes de presupuesto, pero hasta ahora sólo han dañado a la gente como yo", dijo Francisco Mosack, un jubilado obrero metalúrgico del humilde barrio de Capao Redondo en Sao Paulo, que se quejó, además, de que sus cuentas de electricidad casi se han duplicado este año.
Con la oposición política dividida y un desorden en el Congreso, los manifestantes tenían pocas propuestas que los uniesen salvo por el juicio político a Rousseff.
Si la mandataria fuera sometida al juicio político, como muchos demandaban, el siguiente en la línea sería el vicepresidente Michel Temer, de un partido distinto al de Rousseff y que está a cargo de coordinar la agenda legislativa de la Presidenta.
Una investigación de sobornos y lavado de dinero que ya se extiende por 17 meses está sacudiendo al Gobierno y a las compañías públicas, pero no ha revelado evidencias contra la mandataria.
Un sondeo de Datafolha realizado este mes mostró que la propuesta de la impugnación tenía el mayor grado de apoyo entre los brasileños más pobres y con menos educación, que le dieron la victoria en la elección de octubre pasado.
"Todos están hartos, pero no saben qué hacer al respecto", dijo Renato Meirelles, jefe de la firma de investigación Data Popular, que se concentra en las clases media y baja del país.
Sintiendo la debilidad, los líderes del Congreso han saboteado gran parte de la agenda económica de la Presidenta. El líder de la Cámara baja, responsable de evaluar los argumentos legales para realizar un juicio político a la mandataria, rompió con el Gobierno de Rousseff el mes pasado.
Esta semana, la Presidenta ganó impulso político, con un nuevo acercamiento con el Senado para una agenda promercado. Pero la alianza sigue siendo frágil.
Además, una investigación por un esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras se ha traspasado hacia el ámbito político.
Muchos de los escándalos de corrupción del Gobierno y el Partido de los Trabajadores de Rousseff se relacionan con la contratación de galenos cubanos bajo el programa Más Médicos para, según las acusaciones, favorecer financieramente al régimen de la isla y con las inversiones en el puerto del Mariel en las proximidades de La Habana donde resultó encarcelado Marcelo Odebrecht, presidente de la mayor compañía de ingeniería y construcción de América Latina, Odebrecht S.A., por tráfico de influencias no sólo en Cuba sino también en Venezuela.
Senadores brasileños han procurado derogar el programa de arribo de médicos cubanos bajo la premisa de que no "es un acuerdo de cooperación en forma, pero sí cierto acuerdo bilateral alcanzado entre el Gobierno socialista brasileño y el cubano con el fin de transferir dinero a la dictadura comunista cubana".
