SAN JOSÉ, COSTA RICA — A cuatro años de la crisis en Nicaragua, Ivania Dolmus afirma que no logró encontrar justicia para su hijo Sandor Dolmus, de 14 años, asesinado en las protestas antigubernamentales que se dieron en el año 2018.
Por esa razón en este mes decidió abandonar Nicaragua y exiliarse en Costa Rica. Ese ha sido el camino para otras madres, hijas, esposas, que aseguran que no se hace justicia ni pueden vivir en paz en Nicaragua.
Dolmus ha dicho al medio digital Nicaragua Actual que en el departamento de León, al norte de Managua, estaba siendo asediada policías que llegaban a su vivienda e incluso a su trabajo, al menos unas tres veces por semana.
“Es horrible vivir como que uno fuese un delincuente. Yo busco trabajo y ellos llegan a molestarme”, indicó.
A pocas horas de la conmemoración de los cuatro años de las protestas que dejaron más de 300 muertos a partir del 18 de abril de 2018, el gobierno que lidera Daniel Ortega desató una ola de allanamientos, detenciones y hasta deportaciones de algunos opositores al oficialismo.
El grupo de monitoreo Azul y Blanco documentó un total de 29 violaciones a los derechos humanos en la semana previa al aniversario de los hechos violentos de 2018. Las madres de las víctimas no fueron la excepción.
El sector más recientemente impacto fue el de los artistas, con la detención reciente de varios músicos críticos. También fueron deportados dos cantantes que han representado una aparente amenaza para el gobierno de Ortega.
Leonardo Canales, de la banda La Antesala fue deportado a Costa Rica, según informó el grupo en su cuenta de Facebook a la vez que anunciaron “el cierre de ese espacio cultural”.
Organizaciones demandan justicia
Diversas organizaciones internacionales y locales demandan justicia para que no queden en la impunidad los hechos de 2018.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en Twitter su solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida hace cuatro años, pero también con quienes están “arbitrariamente detenidas y en condiciones inhumanas, en el exilio o impedidas de vivir en libertad y ejercer sus derechos”.
Por su parte Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch indicó en la misma red social que exigía justicia para los asesinados, heridos y torturados en ese entonces.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció exigiendo “reparación” para las víctimas de la represión estatal, y la reconstrucción de la democracia.
“Desde el 18 de abril de 2018, permanecen en completa impunidad las graves violaciones a derechos humanos perpetradas en el marco de la represión estatal, que resultaron en 355 personas fallecidas; más de 2 mil heridas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios; y más de 135 organizaciones de la sociedad civil cuya personería jurídica fue cancelada. Asimismo, miles de personas han sido forzadas a desplazarse a otros países”, aseguró el organismo en una nota de prensa.
Protestas en varios puntos del mundo
Mientras esto ocurre la diáspora nicaragüense ha organizado manifestaciones en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y España principalmente que es donde se encuentran los más de cien mil exiliados a raíz de las protestas.
En Miami las manifestaciones empezaron desde este domingo con una protesta en la iglesia St. Agatha al finalizar la misa oficiada por el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez y el padre Edwin Román.
“El Señor nos da la esperanza con su resurrección de un cambio” dijo el padre Román al ser abogado por el periodista Winston Potosme, del medio digital Nicaragua Investiga.
Este lunes se prevé una vigilia en San José, Costa Rica de los opositores exigiendo justicia y libertad para los presos políticos.
