MANAGUA - Una medida aprobada por el Gobierno sandinista de Nicaragua de ampliar de 48 horas a tres meses la prisión preventiva para los sospechosos antes de enfrentar juicios fue aplicada contra dos exempleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro detenidos el viernes por la noche.
El arresto forma parte de una supuesta investigación por lavado de dinero contra ellos y Cristiana Chamorro, exdirectora de la organización, que suspendió operaciones en febrero de este año, tras la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros.
El Código Procesal Penal establecía anteriormente que una persona investigada podría permanecer detenida hasta 48 horas, pero fue ampliada hasta 90 días.
“Es algo político”, valoró a la Voz de América María Consuelo Céspedes, esposa de Walter Gómez, antiguo financiero de la Fundación Chamorro y uno de los detenidos bajo supuesta investigación.
Los familiares y abogados de Marcos Fletes, quien trabajaba como contador de ese organismo y que también fue detenido, coinciden con Consuelo Céspedes.
“Vive Cristo que mi esposo siempre ha sido una persona intachable", dijo Céspedes llorando.
“Es un juicio político”, declaró Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien señaló que tras la detención de los extrabajadores ocurrió una serie de violaciones a los derechos constitucionales.
Chamorro dijo que a los detenidos se les violó el derecho a la defensa, porque no se les ha permitido reunirse con sus abogados. Tampoco se les garantiza ver a sus familiares para que estos conozcan su situación de salud.
“Se encuentran completamente incomunicados y aislados como mecanismos de presión y seguramente sometidos a las torturas que ya sabemos que ellos imponen en los reos”, agregó Chamorro, quien no descarta que estén siendo presionados para testificar contra ella.
Por otro lado, rechazó las acusaciones del Ministerio Público en el que se investiga a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigía por supuesto lavado de dinero, enfatizando que cada año se entregaban auditorías al Ministerio de Gobernación que les permitió operar por 25 años.
“Obviamente aquí es un juicio político, es un juicio para inhibirme e inhibir a los nicaragüenses en el próximo proceso electoral”, expresó la precandidata, que aparece como la favorita en las encuestas como la de Cid Gallup.
Tampoco descartó la posibilidad de que la puedan apresar a ella también como parte de las investigaciones y describió al Gobierno del presidente Daniel Ortega como “un régimen arbitrario, un régimen autoritario, que viola los derechos humanos”.
Opositores advertían que reformas tenían “un fin perverso”
Anteriormente, diversos analistas consultados por la VOA advirtieron que una combinación de reformas constitucionales aprobadas en la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por Ortega, tenía un fin “perverso” contra los opositores, sobre todo en un año electoral.
El jurista José Pallais comentó que la reforma al Código Procesal Penal que amplió el período de detención fue una copia “de países violadores de derechos humanos”, como Cuba y Venezuela.
“La lógica de países democráticos es que primero se investigue y detenga, pero cada vez nos estamos acercando a Cuba, Venezuela y Corea del Norte”, señala Pallais.
“No se puede confundir con la posibilidad de ampliar las investigaciones, con violar los procesos o derechos humano, aduciendo tramitación compleja. De hecho, eso se da después que el detenido es acusado, ahí se le señala el delito que cometió, conoce los hechos y pueden ampliarse investigaciones, pero tener hasta 90 días a un ciudadano (detenido) sin saber qué delito (cometió) es romper con la misma Constitución”, concluye el jurista.
No obstante, el oficialismo ha argumentado que con dicha reforma “el imputado va a tener el derecho a que se le investigue y que realmente se le juzgue de conformidad a una investigación justa, a una investigación transparente, con todas las pruebas necesarias para poder juzgar y brindar una sentencia ajustada a derecho”.
El Gobierno de Ortega inició unas investigaciones contra la Fundación Violeta Barrios y su ex directora Cristiana Chamorro desde hace dos semanas por supuestos “indicios” de lavado de dinero.
También se implicó a Walter Gómez y Marcos Fletes, antiguos financiero y contador de ese organismo.
De igual forma han sido citados al Ministerio Público al menos 15 periodistas y directores de medios de comunicación, para ser cuestionados por haber recibido talleres y apoyo para el periodismo.
