En un giro poco común dentro de su agenda migratoria, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el pasado jueves la HB 915, una nueva ley que busca frenar el “fraude notarial” y brindar mayores protecciones a los inmigrantes —incluidos los indocumentados— que buscan ayuda legal para resolver su estatus migratorio.
La normativa, que entrará en vigor el 1º de julio de 2025, prohíbe a los notarios públicos sin licencia de abogado ofrecer o anunciar servicios legales de inmigración, una práctica ampliamente denunciada por organizaciones comunitarias como fuente de estafas y abusos.
¿Qué dice la nueva ley?
La HB 915 —también conocida como “Ley de anuncios de servicios de representación”— obliga a los notarios públicos que no son abogados a incluir en sus anuncios y oficinas el siguiente aviso:
“No soy abogado con licencia para ejercer la abogacía y no puedo dar asesoramiento legal ni aceptar honorarios por asesoramiento legal. no estoy acreditado para representarlo en asuntos de inmigración”.
Además, les prohíbe utilizar términos engañosos como “asistente de inmigración” o “especialista en inmigración”, que puedan inducir a error a personas que, en sus países de origen, asocian al notariado con funciones legales completas.
También se crea una vía legal para que las víctimas de estos fraudes puedan demandar por daños y perjuicios, incluyendo el cobro de honorarios de abogados en procesos civiles.
Un paso a favor de los más vulnerables
La aprobación de esta ley ha sido celebrada por organizaciones proinmigrantes.
“Es un paso en la dirección correcta”, dijoThomas Kennedy, consultor de políticas de la Florida Immigrant Coalition, al Miami Herald.
“La gente está más desesperada que nunca por ajustar su estatus. Eso los hace más vulnerables a ser víctimas de abuso.”
Kennedy explicó que el fenómeno del fraude notarial ha sido especialmente grave en el sur y centro de Florida, donde personas sin licencia legal se aprovechan del desconocimiento y la urgencia de miles de inmigrantes, cobrándoles altas sumas por trámites mal hechos que, en el peor de los casos, terminan en deportación.
Apoyo bipartidista
La ley fue promovida por las representantes demócratas Johanna López y Marie Paul Woodson en la Cámara, y por la senadora Tina Polsky en el Senado. Fue aprobada con amplio respaldo bipartidista: sólo el representante republicano Kiyan Michael, de Jacksonville, votó en contra.
Michael, crítico constante de la inmigración ilegal, ha compartido públicamente que su hijo murió en un accidente provocado por un inmigrante deportado dos veces.
Aun así, incluso sectores conservadores y religiosos apoyaron la nueva norma.
Michael Sheedy, director ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida, destacó: “Los inmigrantes que intentan trabajar dentro del sistema estarán mejor protegidos contra el fraude. Esto es bueno para todos.”
¿Por qué es relevante?
Florida es uno de los estados con mayor población inmigrante en EEUU, junto a Texas y California. Sin embargo, en los últimos años, se ha convertido en un epicentro de políticas migratorias restrictivas, tanto a nivel estatal como federal.
A través de redadas coordinadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), restricciones laborales y acceso limitado a ayuda legal, miles de personas viven bajo constante amenaza de deportación. En ese contexto, medidas como la HB 915 no solo protegen del abuso, sino que también representan un reconocimiento legislativo a la vulnerabilidad estructural de los migrantes.
Kennedy lo resume así: “No es un cambio radical, pero al menos esta vez, el sentido común prevaleció”.
Foro