El gobierno español aprobó nuevas subvenciones financieras para modernizar la administración pública en Cuba, una decisión que ha despertado sospechas entre analistas del exilio.
“Estamos completamente en contra de que el régimen cubano reciba ayudas de carácter social o para el fomento del crecimiento económico. Habría que exigir, ante todo, el respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia, antes de poder participar en esos programas. Esta es una cuestión que no admite discusión”, afirmó el economista Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana.
Parte del dinero público serviría para la “transformación digital del sector público en Cuba” (125.000 euros) y el “equipamiento de seguridad” para la Oficina Nacional de Administración Tributaria (190.000), según documentos oficiales de España.
“No hay que olvidar la larga tradición que tiene el Gobierno cubano de hacer uso, a su antojo, de los recursos financieros que le llegan en materia de cooperación”, dijo el analista político Carlos Cabrera.
Las ayudas españolas también prevén financiar el “desarrollo y puesta en marcha de un portal o plataforma web de inteligencia comercial” (45.000), la entrega de “material informático” al Instituto de Planificación Física de Cuba (135.000) y la “promoción de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética en Cuba” (213.856), entre otros.
Para Amor Bravo, el gobierno español “transmite hacia su electorado cuál es su calaña, cuando da dinero a países como el régimen comunista cubano y hace un mal uso de los impuestos que recauda”.
Cabrera, por su parte, advierte que las subvenciones “no describen los mecanismos que podrían posibilitar a la Administración española comprobar si el dinero realmente se usa para lo que va destinado, y no en la represión del pueblo cubano”.
No es la primera vez que las donaciones españolas o europeas al régimen cubano despiertan sospechas, debido a la falta de control sobre el destino de los fondos y al beneficio que reciben algunas instituciones que diseñan y ejecutan la represión en Cuba.
En junio pasado, exiliados denunciaron que la UE financió en 2019 con tres millones de euros a la Universidad Central de Las Villas, considerada la más represiva de Cuba, por haber expulsado en los últimos años a 15 estudiantes y a una profesora por motivos políticos.
