El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso una resolución que resalta que la denuncia de la Carta de la OEA por parte de Nicaragua no anula las demás obligaciones jurídicas que le corresponden, en virtud de la ratificación de otras convenciones interamericanas.
La resolución “Medidas consiguientes a la denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos por la República de Nicaragua” reitera su profundo pesar por la denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos notificada a la Secretaría General por Nicaragua el 19 de noviembre de 2021 y reconoce que, “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143, la Carta de la OEA dejará de estar vigente respecto a Nicaragua" y Nicaragua dejará de ser miembro de la Organización el 19 de noviembre de 2023”.
Asimismo, afirma que Nicaragua “sigue obligada a respetar todos los derechos humanos reflejados en las normas consuetudinarias; todos los derechos humanos contenidos en las convenciones multilaterales de derechos humanos de las que Nicaragua es parte, así como los derivados de principios generales del derecho internacional que aseguran la protección universal de la dignidad humana”.
El documento también expresa que, dentro de las facultades que le otorga la Carta de la OEA, el Consejo Permanente continuará prestando especial atención a la situación de Nicaragua, haciendo sus mejores esfuerzos para promover y alentar el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos del país.
“La decisión equivocada de (el presidente Daniel) Ortega y (la vicepresidenta Rosario) Murillo es un esfuerzo por huir y esconderse de sus continuos abusos contra los derechos humanos”, dijo el representante de Estados Unidos ante la OEA.
Nicaragua dejará de ser parte de la Organización de los Estados Americanos el próximo 19 de noviembre, cuando se cumplan dos años desde que anunció en noviembre de 2021 su salida y su intención de dejar de formar parte de todos los mecanismos de la organización.
El régimen acusó en ese momento a la OEA de “actitudes injerencistas” después que el Consejo Permanente aprobara una resolución en la que consideraba que las elecciones "no fueron libres ni justas” y otras que condenaban los abusos a los derechos humanos por parte del gobierno.
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