El Centro para la Democracia en las Américas (CDA), la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Cuba Study Group pidieron este lunes a la administración del presidente Biden que tome medidas adicionales que puedan contribuir a mejorar la situación humanitaria en la isla, señalando que Cuba está lidiando con una crisis económica y humanitaria sin precedentes que se desarrolla en un contexto de represión continua.
Las ONGs piden al gobierno estadounidense que se “implementen soluciones políticas que aseguren una migración regional segura y ordenada para los migrantes cubanos” y recomiendan reabrir la sección de refugiados de la embajada de Estados Unidos y restablecer las visas de no inmigrante de entrada múltiple de cinco años.
Piden además que se promulguen las medidas anunciadas hace un año para mejorar el apoyo al floreciente sector privado y empresarios de Cuba.
Recordaron que en mayo de 2022, la administración Biden lanzó un paquete de cambios de política para aumentar el apoyo al sector privado de Cuba, incluido el acceso autorizado a “tecnología ampliada en la nube, interfaces de programación de aplicaciones y plataformas de comercio electrónico”, así como “opciones de pago adicionales para Internet- actividades de base, pagos electrónicos”, “negocios con empresarios cubanos independientes” y “microfinanzas y capacitación”.
“A pesar de los repetidos llamados de los miembros del Congreso, los cubanoamericanos y el sector privado estadounidense deseoso de apoyar a los empresarios cubanos, estas medidas aún no se han implementado. Estas medidas deben ser promulgadas en su totalidad”, expresaron.
Las ONGs expresaron que les preocupa la decisión de Estados Unidos de mantener a Cuba en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo.
“Según lo documentado por CDA y WOLA, la designación crea obstáculos para la entrega de ayuda humanitaria en la isla. También puede evitar que los empresarios cubanos independientes accedan a los servicios bancarios internacionales y que los ciudadanos extranjeros visiten Cuba sin perder sus exenciones de visa de EE. UU. bajo el Sistema Electrónico para Autorización de Viaje (ESTA)”, señalaron.
Opinaron además que “esta limitación afecta a los viajeros a Cuba desde más de 40 países, incluido Japón y todos los países de la Unión Europea, frenando efectivamente los viajes e intercambios con la isla”, añadiendo que la administración tiene la oportunidad de iniciar una revisión oportuna de esta designación.
Las organizaciones expresaron adems que “si bien el gobierno cubano es el principal responsable de la mala gestión económica y las prácticas opresivas que contribuyeron a esta crisis, es importante reconocer que el gobierno de Estados Unidos puede desempeñar un papel más constructivo para mejorar la situación humanitaria en la isla”.
El pasado 23 de mayo, Estados Unidos incluyó al régimen cubano este martes entre el grupo de gobiernos que “no cooperan plenamente” en la lucha contra el terrorismo, una medida que las autoridades cubanas consideran como una "herramienta de coerción política".
El secretario de Estado, Antony Blinken, en un aviso publicado en el Registro Federal de Estados Unidos, ratificó lo siguiente: “Por la presente determino y certifico ante el Congreso que los siguientes países no están cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos: Cuba, República Popular Democrática de Corea (RPDC o Corea del Norte), Irán, Siria y Venezuela”.
Los representantes estadounidenses Mario Díaz-Balart, Michael McCaul, Mark Green, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, junto con los senadores James Risch, Marco Rubio, Ted Cruz, Rick Scott y Bill Cassidy, emitieron en mayo del año pasado una declaración crítica sobre el anuncio de la administración Biden el 16 de mayo del 2022, que según los congresistas, otorgaba “concesiones a la brutal dictadura cubana”.
En esa fecha, la Casa Blanca anunció una serie de medidas, como por ejemplo, aumentar las remesas y los viajes a Cuba, y reanudar el programa de reunificación familiar.
Anunciaron que se incrementaría el apoyo a emprendedores cubanos independientes y se ampliaría el acceso de los emprendedores a las microfinanzas y la capacitación, sin hacer cambio alguno a la lista de entidades cubanas sancionadas por el gobierno estadounidense.
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