La oficina de Naciones Unidas en Cuba confirmó el recibo este 6 de abril de la denuncia presentada por la activista chilena Miriam Andrade sobre el acoso sistemático al abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios por parte de los órganos de la Contrainteligencia del Ministerio del Interior.
En su carta, Andrade detalla que el jurista ha sido objeto de trato degradante, del robo de sus escritos en el Tribunal Provincial de La Habana, de violencia en la vía pública con daños y pérdidas de sus bienes personales y detención arbitraria.
Del mismo modo, ha sido víctima del actuar ilícito del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, de la eliminación de pruebas documentales almacenadas en su móvil, de la negación del derecho a formular denuncias penales.
También ha padecido ciberacoso y, en días recientes, la suspensión de su servicio de telefonía celular.
El bloqueo a sus comunicaciones móviles se debe, de acuerdo a la denuncia entregada, a la divulgación de la propuesta de Proyecto de Ley de Amnistía por Iniciativa Legislativa de los Electores, institución prevista en el ordenamiento jurídico del país, pero que carece de la respectiva ley para concederla a cientos de cubanos sometidos a proceso penales o extinguiendo sanciones privativas de libertad por “actos con motivación social, política e ideológica contra el Totalitarismo”.
La queja fue dirigida, además, a Diego García Sayán, Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados, Marion Mondain, representante de la Sección América de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos y a Stuardo Ralón, Relator sobre Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El abogado Sergio Osmín Fernández Palacios ha sido un agudo defensor de los manifestantes del 11 de julio, y ha tramitado más de cuarenta casos contra el régimen cubano ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA), de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
