La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) compiló otras 29 personas para su lista de represores, de ellas, 18 son jueces y fiscales involucrados en los juicios contra participantes en las protestas del 11 de julio en el barrio La Güinera, de Arroyo Naranjo, en La Habana.
“Lamentablemente, gente joven en su mayoría y casi todos vinculados a las sentencias contra los manifestantes pacíficos de La Güinera, igualmente jóvenes y a los que les han tronchado sus vidas con sentencias como para asesinos y emanadas de juicios orquestados”, indicó Rolando Cartaya, coordinador del programa "Represores cubanos".
La cantidad de denuncias que está recibiendo el programa se ha multiplicado “significativamente” desde que comenzó la ola represiva del 11J, señaló el investigador. “Incluyendo altos mandos de los ‘Boinas Negras’, los ‘Boinas Rojas’, miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida y claro, los jueces y fiscales que se han prestado para estas sentencias draconianas que solo persiguen dar un escarmiento y desalentar las protestas en Cuba”, añadió.
“Por solo citar el mes de marzo, completamos 29 fichas de represores con fotos, nombres, apellidos, historial represivo, datos como dirección, número de teléfono”, explicó Cartaya.
Entre ellos se encuentra el nombre de Gladys María Padrón Canals, presidenta de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana, quien dictó sanciones de entre 10 y 25 años de cárcel contra 32 manifestantes del 11 de julio en La Güinera y, anteriormente en 2003, contra 6 de los 75 encarcelados de la conocida Primavera Negra de Cuba.
También, la presidenta de la Sala 1ra de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana, Daylin Yamilé Naranjo Medina, jueza ponente en uno de los juicios celebrados en diciembre de 2021 contra participantes de las demostraciones del 11J en La Güinera. Diecisiete fueron condenados a entre 15 y 30 años de prisión.
Se destaca, además, la 1er teniente del Ministerio del Interior, Elizabeth Batista Mulet, Primera Instructora de la Unidad Provincial de Delitos contra la Seguridad del Estado en Holguín, que tramitó una acusación de sedición de 25 años, con solicitud de sentencia privativa de libertad, contra el manifestante del 11J Miguel Enrique Girón Velázquez.
La organización saca a la luz a la coronela Magnolia Soto Bernal, quien, como jefa de la Unidad de Trámites de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del Ministerio del Interior, tiene a su cargo las negativas de renovación de pasaportes a numerosos opositores, activistas y periodistas independientes.
Asimismo, al teniente coronel Luis Enrique López Díaz, jefe del penal de Aguadores, en la provincia Santiago de Cuba, famoso por aplicar a los reos la tortura conocida como el 8 o La Shakira.
“Estos funcionarios, a los que por ahora estamos exponiendo a la vergüenza y guardado sus datos, deben saber que han contraído una responsabilidad penal que no caduca y que algún día van a tener que rendir cuentas por sus actos”, concluyó Cartaya.
El programa "Represores cubanos", auspiciado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, indaga y acopia información sobre militares, paramilitares o funcionarios administrativos cubanos de distintos niveles que emplean la fuerza o el poder a su disposición para controlar o impedir actividades de individuos o grupos y lo hacen recurriendo a métodos que violan los derechos humanos.
