El 1 de julio del 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por mayoría de votos una resolución que declara que los derechos humanos deben ser protegidos en el ámbito digital, y promovidos en la misma medida y con el mismo compromiso que los derechos humanos en el mundo físico. El documento "condena inequívocamente las medidas para prevenir o interrumpir el acceso o la difusión de información digital intencionalmente."
La propuesta fue presentada por Brasil, Nigeria, Suecia, Túnez, Turquía y Estados Unidos. Otros países como China y Rusia llevaron 3 enmiendas que no tuvieron apoyo de la mayoría de los países miembros.
La resolución aprobada tuvo el apoyo de Australia, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia and Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, EEUU, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia,Fiyi, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Haití, Grecia, Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia. Lituania, Liechtenstein, Malta, México, Mónaco, Montenegro, Holanda, Noruega, Paraguay, Polonia, Nigeria, Portugal, Moldavia, Rumania, Senegal, Serbia, España, Suecia, Macedonia, Túnez, Turquía, Ucrania y el Reino Unido de la Gran Bretaña.
Los que votaron en contra fueron China, Rusia, Cuba, Bolivia, Ecuador, Sudáfrica, Bangladés, India, Venezuela, Qatar o Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Burundi, Kenia, República del Congo e Indonesia.
La resolución aprobada dice textualmente que "los derechos de las personas también deben estar protegidos en internet, en particular la libertad de expresión, que es aplicable sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento que se elija, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
Ya en el 2011, la Asamblea General de la ONU había declarado el acceso a Internet como un derecho humano por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto.
El uso de Internet es una herramienta imprescindible para la libertad de expresión. Más que una posibilidad de comunicación, se está convirtiendo en una necesidad debido al periodo de globalización que hoy se vive. La ONU considera también que debería ser un derecho universal de fácil acceso para cualquier individuo y exhorta a los gobiernos a facilitar su acceso.
