La Alianza Cívica de Nicaragua anunció hoy una gran unidad de movimientos y líderes nicaragüenses, para exigir justicia y democracia en el país centroamericano, que atraviesa una crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el Gobierno desde abril pasado.
"Nos unimos más de 20 organizaciones y más de 50 líderes y lideresas de todo el país y de todos los sectores en resistencia, para trabajar por la justicia y la democracia en Nicaragua, la liberación de nuestros presos políticos y el cese de la represión", informó la Alianza Cívica, contraparte del Gobierno en el diálogo nacional para superar la crisis, en un comunicado.
La unidad, que se oficializó ayer miércoles, aglutina al menos 26 organizaciones civiles, entre grupos de manifestantes autoconvocados, movimientos juveniles, estudiantiles, médicos, políticos, feministas y de la diversidad sexual.
Entre los objetivos principales de la unidad están "fortalecer nuestra lucha cívica, exigir el cese de la represión y la libertad de presos políticos, insistir en una salida pacífica (de la crisis) y democrática", así como "contrarrestar las nuevas formas de represión del régimen".
También busca "denunciar a nivel internacional la represión y barbarie del régimen contra el pueblo nicaragüense, integrar a más movimientos y actores en resistencia pacífica ante el régimen represor comprometidos con la lucha por la salida de la dictadura, y la instauración de una democracia en Nicaragua".
Según la Alianza Cívica, en los últimos cinco meses "la represión" ha dejado más de 400 muertos, casi 3.000 heridos o lesionados, más de 20.000 nicaragüenses que migraron "contra su voluntad", y sobre 250 "presos por razones políticas".
"En cinco meses el régimen ha complejizado la represión y utilizado todas las formas de agresión y crimen contra el pueblo en Nicaragua, desde la masacre masiva, la represión selectiva, hasta la criminalización de la protesta", sostuvo la Alianza.
Un informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabiliza al Gobierno de "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.
El presidente Daniel Ortega ha rechazado toda responsabilidad e insiste en que se trata de un intento de "golpe de Estado".
(Con información de la agencia EFE)
