La líder opositora nicaragüense Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), acusó el martes al gobierno de Daniel Ortega de preparar "un fraude electoral", en declaraciones ofrecidas desde San José al canal 7 de televisión de Costa Rica, a donde llegó tras abandonar Nicaragua por "puntos ciegos" de la frontera común.
Monterrey fue despojada de su nacionalidad nicaragüense el viernes por el Ministerio de Gobernación, que anuló su pasaporte y su cédula, tras acusarla de haberla adquirido de forma "irregular" por tener origen estadounidense y llamarse también Carmella Roger, según informó la entidad gubernamental.
Ese mismo día, el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personalidad jurídica de CxL, eliminando así al último partido opositor que podía haber competido con Ortega en las elecciones del 7 de noviembre. Otros dirigentes de CxL están encarcelados, como el aspirante presidencial Arturo Cruz, el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro y el exembajador Mauricio Díaz, detenido este lunes.
"Tenemos que estar preparados para observar el fraude electoral que se va a dar en las elecciones de noviembre", afirmó la dirigente política. Añadió que "es una farsa electoral lo que se va a dar", pues Ortega "se va a reelegir de dedo".
Monterrey reveló que al conocer las medidas contra CxL decidió esconderse hasta poder huir a Costa Rica por veredas, para evadir "el riesgo de ir a parar a la cárcel".
"Cuando uno está en una dictadura sabe que con ellos no se razona, por lo tanto decidí ocultarme hasta ver cómo podía salir del país", dijo. Agregó que "no tenía sentido" quedarse en Nicaragua porque "una de dos: o me iban a llevar presa o me iban a deportar" a Estados Unidos.
Ante las críticas de otros sectores de la oposición que la acusan de "colaboracionista", Monterrey dijo que sabía que "posiblemente se preparaba un fraude", pero "debíamos hacer lo imposible por mantenernos dentro de la vía cívica". "La apuesta era por un voto masivo que podía desenmascarar a la dictadura ante la comunidad internacional", argumentó.
Señaló que piensa radicarse en Costa Rica como ciudadana estadounidense y desde ese país "luchar para aglutinar en una sola oposición a toda la diáspora nicaragüense, que está exiliada en diferentes partes del mundo".
Nicaragua vive una grave crisis que se inició con un estallido social en 2018, que el gobierno califica como "un fallido golpe de Estado" de la oposición. En los últimos dos meses han sido arrestados 32 opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, a quienes Ortega ha llamado "terroristas y criminales".
En las elecciones están habilitados para votar 4,3 millones de personas para elegir un presidente, un vicepresidente, 92 diputados a la Asamblea Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano, entre candidatos del gobernante Frente Sandinista y de cinco partidos políticos minoritarios.
El excomandante sandinista Daniel Ortega, de 75 años, y su esposa Rosario Murillo, de 70, aspiran a la reelección en la presidencia y vicepresidencia de la República. Sería el cuarto mandato consecutivo de Ortega y el segundo de Murillo, para un período de cinco años que inicia en enero de 2022.
En la jornada, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó que "sigue muy preocupado por la situación en Nicaragua y condena las recientes acciones emprendidas contra la oposición", las cuales "socavan gravemente la confianza de la población en el proceso democrático de cara a las elecciones de noviembre".
"El secretario general hace un llamado a las autoridades para que respeten plenamente las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos, liberen inmediatamente a los dirigentes políticos y les restituyan sus derechos políticos", y "reitera su llamamiento a un acuerdo de amplia base en todo el espectro político, con vistas a la celebración de un proceso electoral creíble e inclusivo", dijo el vocero de la ONU, Stephen Dujarric.
Mientras tanto, la Cancillería de Nicaragua condenó en un comunicado la "inadmisible intromisión" del gobierno de España en sus asuntos políticos internos, en aparente respuesta a una declaración de Madrid que el lunes cuestionó la transparencia de las elecciones nicaragüenses.
"Hemos denunciado y seguiremos denunciando la cínica y continua intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos", señaló el informe leído por Rosario Murillo en la televisión oficial, en el que también acusó a España de violar "los derechos de sus pueblos a la autonomía".
"Todos estos crímenes de odio y lesa humanidad, que se califican como terrorismo de Estado, muestran el carácter inmoral de las instituciones españolas, que descaradamente se atreven a colocar coronas en sus desprestigiadas cabezas, pretendiendo ignorar la carga criminal de manipulación histórica de un Estado que persigue, encarcela, tortura y mata sin ninguna autocrítica, arrepentimiento, justicia o rectificación", agregó.
En una declaración del Ministerio de Relaciones, España lamentó la exclusión del partido CxL de la contienda electoral, condenó la reciente ola de arrestos de opositores y exhortó a Ortega a "dotar al país de una autoridad electoral independiente, imparcial y no controlada por el partido de gobierno".
"Sólo un proceso electoral creíble, incluyente y transparente, acorde con los estándares democráticos internacionales, puede ofrecer una salida a la crisis social, política y económica que vive Nicaragua", señaló la Cancillería española.
