En el marco de las pre-sesiones del EPU (Examen Periódico Universal), actores de la sociedad civil independiente cubana y miembros de organizaciones internacionales se reunieron en Ginebra, Suiza, para repasar las transgresiones del régimen que gobierna la Isla.
En 2018, el Estado cubano fue revisado durante el III ciclo del Examen Periódico Universal. En aquel momento, Cuba recibió 339 recomendaciones, de las cuales aceptó 226, tomó nota de 83 y rechazó 30. El cercano noviembre será evaluada nuevamente.
Delegaciones de organizaciones redactaron informes alternativos al del gobierno cubano y los enviaron para ser considerados en el próximo ciclo del EPU.
Sobre los asuntos que abordaron versa el conversatorio “Cuba: cinco años después del Examen Periódico Universal (EPU)”, que pretende llamar la atención de los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, y los representantes de los Estados, sobre el incumplimiento sistemático de Cuba de las recomendaciones del EPU.
Durante su intervención, la directora del centro de asesoramiento legal Cubalex, Laritza Diversent, residente en Estados Unidos, calificó de desafiante para la mujer cubana el contexto que va de 2018 hasta 2023:
“Por un lado, históricamente, han desempeñado roles políticos destacados; por el otro enfrentan discriminación, violencia y revictimización sistemática. La crisis económica mundial, junto con las medidas gubernamentales, han impactado a las mujeres, principalmente a quienes son cabezas de familia. Muchas más, han experimentado dificultades económicas, incrementos en tiempos de espera para bienes esenciales y mayor estrés debido a responsabilidades tradicionales”.
Diversent se refirió al “alarmante” aumento de la violencia de género, afirmación apuntalada por los 36 feminicidios ocurridos en 2022 y los 56 en 2023.
En este sentido, dijo que las mujeres migrantes internas, enfrentan restricciones que las exponen a mayores riesgos.
“En el plano legal nos encontramos ante un vacío, no existe ley específica contra la violencia de género o doméstica. El feminicidio sigue sin ser reconocido en el Código Penal. La falta de un marco legal ha llevado a respuestas policiales inadecuadas y a la revictimización de las mujeres”.
“Esto es palpable en nuestra sociedad desde las instituciones sanitarias que no evalúan adecuadamente las lesiones hasta un policía que descuida sus responsabilidades. Las órdenes de alejamiento no se ejecutan correctamente”, recalcó la jurista.
La vulnerabilidad de la libertad de prensa y la libertad de expresión en la Isla fue fundamentada por el periodista independiente Luis Mario Reyes, exiliado en Madrid:
“La historia recoge decenas de casos de periodistas condenados a prisión por ejercer su profesión. Entre los pilares que han sostenido esa estructura represiva se encuentra la Constitución del país, que establece que los medios de comunicación son de propiedad estatal y no pueden ser objetos de ningún otro tipo de propiedad”.
“El Poder Judicial no es independiente ni imparcial y permite que se entablen procedimientos penales para prevenir, disuadir o castigar la expresión de opiniones discrepantes, tanto dentro de los medios de prensa, como en la sociedad en general”, insistió el comunicador.
Reyes recalcó que el gobierno cubano bloquea, en internet, a los medios de prensa independientes, ya que en la isla solo se puede acceder a la Red a través del monopolio estatal de las comunicaciones ETECSA.
Asimismo, describió el cuerpo legal formado por normativas y leyes de que se vale el régimen para acorralar libertades fundamentales y que “es solo una parte de las herramientas” para mantener “bajo mínimos la libertad de prensa”.
“La otra parte ocurre de manera extrajudicial, con un sistema de amenazas e intimidación a los periodistas que va desde interrogatorios, conversaciones con sus familiares y amigos, cortes del servicio de internet, exclusión de cualquier tipo de empleo, prohibición de salida del país o de su propia vivienda, así como en encarcelamientos y procesos judiciales fabricados”, detalló Reyes.
Los derechos laborales y sindicales fue otro de los asuntos que se pusieron en la mesa de discusión: las limitaciones de entrada al mercado laboral, caracterizadas por la discriminación por motivos, principalmente, políticos, raciales y de género.
Las condiciones laborales están “marcadas por salarios injustos que condenan a la mayor parte de los trabajadores cubanos a la pobreza”, indicó Yaxis Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
“Calculamos la pobreza por encima del 80% de la población cubana”, agregó.
Los trabajadores en el sector de la inversión extranjera están condenados a un régimen laboral en que las empresas extranjeras no pueden contratarles directamente, sino por medio de entidades empleadoras estatales “que no solo le privan del derecho a negociar sus contratos laborales”, sino que también les retienen la mayor parte de salario”, manifestó Cires.
Denunció la represión a los líderes sindicales en Cuba y el monopolio de la CTC (Central de Trabajadores de Cuba) que impide el libre sindicalismo.
Igualmente, expuso sobre los riegos que afrontan los trabajadores por cuenta propia en un país donde el Estado controla la economía.
“Nos preocupan los altos impuestos, la burocracia, el acoso desde las autoridades”, subrayó el directivo.
En la exposición, organizada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, participaron, además, el artista Nonardo Perea, la directora para las Américas del PEN Internacional, Alicia Quiñones, Yanelis Núñez del Observatorio de Género de Alas Tensas, Kirenia Yalit Núñez de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y Claudia Ordoñez de Artículo 19.
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