Organizaciones de la sociedad civil de Cuba y otros países denunciaron las violaciones de los derechos sindicales y laborales en la Isla, para que sean consideradas durante el próximo Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.
Cuba tendrá que presentarse en noviembre de 2023 para el EPU, o sea la evaluación sobre el cumplimiento con las obligaciones internacionales de derechos humanos, al cual son sometidos los países miembros de la ONU.
Los informes fueron presentados por dos coaliciones de la sociedad civil: una que aborda los derechos laborales y está integrada por 29 organizaciones encabezadas por CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con sede en Buenos Aires), y una que versa sobre derechos sindicales y está dirigida por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC).
“Hemos presentado desde CADAL, un informe sobre la situación de derechos laborales en Cuba, poniendo énfasis en determinadas áreas de la economía y el trabajo en Cuba”, indicó, en conversación con Radio Televisión Martí, el abogado Brian Schapira, ex subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de Argentina y principal redactor de los textos.
“Hemos abordado la problemática de los trabajadores por cuenta propia, del trabajo en el sector turístico, del derecho al trabajo de los periodistas, del derecho al trabajo de los profesores y académicos y profesionales independientes y de los artistas. En cada caso hemos puntualizado las graves violaciones que, tanto desde la legislación como desde la propia acción del Gobierno, se producen, cercenando estos derechos”, puntualizó el especialista.
En el EPU hecho a Cuba en el 2018 se recomendó al régimen que cese de imponer sanciones criminales a personas que intentan trabajar de forma colectiva y formar asociaciones, y que tome medidas inmediatas para proteger a los artistas de la persecución.
Uno de los temas principales del documento preparado por las 29 organizaciones es "el caso de los trabajadores por cuenta propia y las grandes limitaciones que hay para poder desarrollar la actividad”, detalló Schapira.
“En el sector turístico, los abusos que se producen, sobre todo en las grandes cadenas hoteleras que contratan trabajadores a través de empresas estatales que se quedan con aproximadamente el 70% del sueldo de los trabajadores. Esas empresas estatales, además, generalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y respecto a los académicos, cómo se afecta el derecho al trabajo y los derechos laborales por vía de persecución política para los académicos que no están de acuerdo con el régimen”, agregó.
“En cuanto a los periodistas, todas las limitaciones legales que hay para abrir un medio y las persecuciones y las legislaciones penales que hay; y otro tipo de normas que impiden a los periodistas ejercer libremente su trabajo, similar con los artistas”.
Entretanto, el informe de derechos sindicales contiene las limitaciones, tanto jurídicas como fácticas, para que haya sindicatos libres en Cuba, donde solo es permitido un sindicato único, la CTC [Central de Trabajadores de Cuba].
“Que incluso tiene un rango constitucional, lo cual es increíble, y lo señalamos, y todas las persecuciones que sufren los sindicalistas independientes en Cuba”, precisó el experto.
El centro de asesoramiento legal Cubalex y el grupo Justicia 11J también entregaron para el EPU sus valoraciones sobre el comportamiento de los derechos humanos en la Isla.
“Las recomendaciones (planteadas durante los EPU) no son cumplidas en todo el sentido en que le son formuladas al Estado, pero al menos se asienta el precedente de dónde están y cuáles son las preocupaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos”, señaló, en entrevista con ADNCuba, Camila Rodríguez, de Justicia 11J, quien presentó un reporte acerca de los presos políticos.
El desarrollo del Examen Periódico Universal se extenderá por varios meses, y los Estados inspeccionados deberán rendir cuentas sobre los avances o retrocesos en el área de derechos humanos en un periodo de entre 4 y 5 años.
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