En medio de críticas a nivel nacional e internacional, la Asamblea Nacional controlada por diputados oficialistas en Nicaragua, canceló este martes otras 83 organizaciones no gubernamentales entre las que se destacan la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación del expresidente Enrique Bolaños, la cual lleva su nombre.
Según el oficialismo, estas organizaciones supuestamente incumplieron con las normativas de ley establecidas para regularlas, un argumento que ha sido negado en reiteradas ocasiones por numerosas oenegés en Nicaragua.
En total suman más de 250 organizaciones canceladas en el país durante los últimos cuatro años, desde que empezó una crisis política en el país. Expertos afirman que el objetivo del cierre de las entidades tiene como fin el control del Estado en todos los ámbitos posibles.
La RAE, preocupada
La Academia Nicaragüense de la Lengua, la cual fue ilegalizada este martes, es una de las más antiguas del país. Fue fundada hace 94 años.
La Real Academia Española (RAE) manifestó con anterioridad “su preocupación por la noticia del posible cierre” e indicó que esto causará la desaparición de la organización después de 94 años de existencia al servicio “del mayor valor cultural de la nación”, la lengua.
“Por todas estas razones la RAE, que defiende las libertades de pensamiento, expresión y asociación como los primeros valores de cualquier sistema de convivencia, respalda y reivindica enérgicamente el legítimo derecho de la Academia Nicaragüense de la Lengua a servir a sus conciudadanos”, indicó la institución en un comunicado.
Escritores nicaragüenses también repudiaron la cancelación del organismo. La poeta Gioconda Belli señaló que pese a la ilegalización de este martes “la dictadura no logrará de un plumazo borrar el aporte que la Academia ha significado para el país”.
También fue cancelada la Fundación del expresidente Enrique Bolaños, la cual lleva su nombre y que surgió con el fin de “preservar y divulgar información política, cultural, jurídica e históricamente relevante para los nicaragüenses”.
La medida legislativa contó con los 75 votos de los diputados oficialistas nicaragüenses, mientras que 16 de sus aliados se abstuvieron.
Nicaragua vive una grave crisis política desde hace cuatro años que empezaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega, que dejaron más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos.
El mandatario dijo entonces que se trató de un intento de golpe de Estado y a raíz de ello organizaciones denunciaron que intensificó la represión por medio de aprobación de leyes que cerraron el espacio a la libre organización.
La Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia fueron tres de las legislaciones aprobadas tras las protestas.
