Dos opositores más fueron sancionados la pasada semana en un juicio sumarísimo, en el que no pudieron contar con garantías procesales.
El Tribunal Municipal de Palma Soriano, Santiago de Cuba, sancionó a un año y a seis meses de cárcel a los hermanos Geordanis y Adael Muñoz Guerrero, respectivamente. Ambos son miembros de la Unión Patriótica de Cuba.
La esposa de Geordanis Muñoz Guerrero hizo la denuncia en una entrevista con Martí Noticias, en la que relató los pormenores del juicio efectuado el viernes 21 en la mencionada localidad oriental de Cuba.
“Les realizaron el juicio, un juicio amañado, montado por la Seguridad del Estado, donde no tienen derecho a defenderse, porque ni siquiera les dan la oportunidad de tener un abogado”, indicó la esposa de Geordanis, Yenisei Jiménez Reina.
Los dos hermanos Geordanis (35) y Adael (42) fueron llevados a prisión el 14 de agosto bajo la acusación de contravenir la ley, debido a que no pagaron unas multas que se elevaron a decenas de miles de pesos por carteles anticastristas que aparecieron en la localidad, y que se tipifican en “afear el ornato público”.
Apelar, una "pérdida de tiempo"
Jiménez Reina dijo que se enteró por una vecina. Según aquella se estaba haciendo un juicio en el tribunal de Palma Soriano y la institución "estaba rodeada por efectivos de tropas especiales y decenas de uniformados".
Sobre la posibilidad de iniciar un proceso apelación, la mujer negó de plano esa vía.
“No voy a perder el tiempo en eso, porque es un tiempo que yo tengo para accionar en otras cosas (…) Usted va y apela y es lo mismo, porque es un poder totalitario, una dictadura, es una pérdida de tiempo”, afirmó.
Geordanis Muñoz había viajado en dos ocasiones (2015), y una esta año, a Argentina, invitado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de America Latina (CADAL), a recibir cursos sobre la lucha noviolenta y derechos humanos.
Las multas a Geordanis y Adael ascendieron a 24 y 14 mil pesos en moneda nacional, respectivamente. Al concluir esta entrevista, la Jiménez dijo que los opositores habían sido notificados de dos multas más, incluso dentro de la prisión Aguadores, donde cumplen la sanción.
Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores nacionales de UNPACU, dijo que está seguro que es una ola represiva contra la organización disidente y enumeró otros juicios, allanamientos de vivienda y un extraño proceso contra un activista al que acusan de posesión de marihuana.
Se trata de Víctor Campa Almenares, a quien quince días atrás la organización envió a una misión a Baracoa.
“Fue allí a llevarles a los damnificados del huracán Matthew medicinas, alimentos y otros recursos. Fue detenido, y en medio de la detención se metieron en su vivienda (en Palma Soriano), le hicieron un registro, y en medio del registro, supuestamente, dicen que debajo de la cama encontraron una caja de preservativos con cigarros de marihuana, para meterlo preso”, relató Martín Castellanos.
Martín también señaló que los oficiales de Seguridad del Estado conminaron varias veces a Campa a que se fuera del país. El opositor está detenido desde entonces en la Unidad de Operaciones (G2) en Santiago de Cuba.
Martin denunció igualmente la detención y allanamiento de la vivienda del activista Elmer Pérez Pérez, en Providencia 4, Majibacoa, Las Tunas.
Una práctica represiva común
El pasado 20 de cotubre, la activista Ariadna Álvarez Rensoler (Alianza Democrática Oriental) fue sancionada a seis meses de prisión domiciliaria en el municipio "Mella", de Santiago de Cuba, bajo cargos de 'desacato' por gritar consignas contra el gobierno.
Álvarez tiene cuatro meses de embarazo y el día del juicio no pudo asistir a la consulta con el especialista en obstetricia.
El 14 de octubre, el Tribunal Municipal de Río Cauto, en la provincia Granma, pidió dos años de privación de libertad para el activista de UNPACU Alexander Verdecia, por el supuesto de lito de ‘desorden público’. El juicio quedó concluso para sentencia.
La esposa de Verdecia dijo al programa Contacto Cuba, de Radio Martí, que el juicio se realizó a puerta cerrada, solo pudieron asistir ella, su cuñada y su suegra, “nadie del pueblo. Todas las personas que estaban allí eran (de) Seguridad del Estado y policías”, concluyó.
