La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, autora del Programa de Represores Cubanos, criticó las intimidaciones de la entidad que agrupa a los juristas oficialistas de aplicar sanciones a quienes informen sobre los jueces y fiscales que han intervenido e intervienen en las condenas a los manifestantes del 11 de julio.
En un comunicado, divulgado este lunes, la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) da un ultimato a aquellos que publiquen fotos en las redes sociales de los fiscales y jueces que han enviado a prisión a los participantes del estallido social.
“El exabrupto en relación a las denuncias que se han formulado en contra de los represores y, en especial, de los jueces y fiscales que han extendido estas sentencias ya milenarias, es parte del trabajo que venimos realizando desde hace años, pero parece que les resulta más incómodo ahora porque ven que nuestra recopilación está siendo tenida en cuenta por el Departamento de Estado y por otras agencias para sancionar a las personas que participan en la represión”, indicó Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
“En un momento en que, además, se está restableciendo el flujo de remesas por la vía digital, a través de esta nueva compañía canadiense Revolúpay, que ha dicho que van a considerar la lista de los represores que aparecen en nuestra base de datos, además de la lista de categorías de personas a las que está prohibido enviarles remesas según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, apuntó el directivo.
La nota de prensa de los juristas oficiales indica que “han estado observando cómo se articulan algoritmos y matrices de opinión subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces” luego de “los hechos vandálicos que tuvieron lugar el pasado 11 de julio de 2021”.
“Les enojará mucho más porque todas estas gentes reciben dinerito de sus familiares que están en el exterior y nosotros cuando los investigamos, no solamente los investigamos a ellos, sino que investigamos toda la familia porque si hay, por ejemplo, una opción de negarles la visa; eso alcanza no solamente al sancionado, sino a sus familiares más allegados”, explicó Blanco.
“Así que, evidentemente, están muy molestos con eso y lo que pretenden es amenazar aún más a las personas que colaboran con nuestra base de datos enviándonos información sobre los desmanes que cometen contra la población”.
"Enfrentamos cualquier intento de manipulación mediática, y advertimos que, contra todo aquel que intente subvertir —mediante amenazas, el descrédito o simplemente facilitando la información— la justicia que en nombre del pueblo se imparte, recaerá todo el peso de la Ley", continúa el texto de la asociación comunista.
“Es una barbaridad, ¿eh? Porque han llegado a decir que van a sancionar a los que envíen información. Ni siquiera dicen información errada, información falsa. No, a los que envíen información sobre quiénes son los jueces, quiénes son los fiscales y cuáles son las sentencias que han impuesto. Imagínense el nivel de terror en el que ellos mismos viven”, dijo Blanco.
