El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la existencia de una red de “cárceles paralelas” del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Venezuela, donde miles de personas permanecen recluidas durante meses e incluso años en instalaciones policiales que originalmente fueron concebidas para detenciones temporales.
La investigación contabilizó 7.414 personas privadas de libertad en 157 dependencias del CICPC, órgano de investigaciones criminales adscrito al Ministerio de Justicia, en todo el país. De esas instalaciones, 24 corresponden a entidades federales y 133 a delegaciones municipales, coordinaciones, divisiones y otras dependencias.
Según el OVP, el problema se remonta a 2011. El 3 de agosto de ese año, la entonces ministra de Asuntos Penitenciarios del régimen de Venezuela, Iris Varela, ordenó suspender el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles, salvo autorización de su despacho. Quince años después, los calabozos policiales terminaron asumiendo funciones de cárceles, sostiene la organización.
Detenciones temporales que duran años
Uno de los datos que refleja la magnitud del problema es el tiempo de reclusión. Aunque los calabozos policiales tienen una naturaleza transitoria y la Constitución establece que una persona detenida debe ser llevada ante una autoridad judicial dentro de las 48 horas siguientes, el OVP encontró que el tiempo promedio de permanencia en estas dependencias alcanza los 615 días, aproximadamente un año y ocho meses.
El 58 % de los detenidos lleva más de un año privado de libertad y 2.481 personas, equivalentes al 33,5 %, superan los dos años en esas instalaciones. En otras palabras, aproximadamente uno de cada tres detenidos lleva más de dos años recluido.
Casi 9 de cada 10 no tienen sentencia firme
La investigación señala además que 6.518 personas, el 87,9 % del total, están procesadas, mientras que solo 896, el 12,1 %, aparecen como penadas.
Para el OVP, estas cifras muestran que la prisión preventiva dejó de funcionar como una medida excepcional y se convirtió, en la práctica, en una reclusión prolongada dentro de instalaciones policiales.
La situación se extiende por todo el país. Distrito Capital concentra 1.013 detenidos; Zulia, 864; Miranda, 733; Carabobo, 616; y Aragua, 562. Estos cinco estados reúnen casi la mitad de todas las personas contabilizadas en los calabozos del CICPC.
Denuncias de cobros dentro de los calabozos
El informe también recoge denuncias de familiares sobre cobros de hasta 200 dólares para acceder a condiciones elementales de reclusión.
Según los testimonios recopilados por el OVP, se exigirían pagos por alimentación, atención médica y llamadas telefónicas. La organización advierte que estos cobros irregulares constituyen una forma de corrupción que incrementa la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad.
El Observatorio señala además que no existe información pública suficiente y verificable sobre los recursos presupuestarios destinados a mantener a los detenidos en estas dependencias, ni sobre cuánto se asigna por persona, cómo se distribuyen los recursos o qué mecanismos existen para supervisarlos.
OVP exige desmontar las “cárceles paralelas”
Ante este panorama, el OVP pide reducir el uso excesivo de la prisión preventiva, acelerar las causas judiciales, trasladar oportunamente a los detenidos a establecimientos penitenciarios adecuados, fortalecer la supervisión independiente y publicar periódicamente información sobre las condiciones de reclusión.
La organización resume su exigencia con una advertencia: “Los calabozos policiales no pueden seguir funcionando como cárceles paralelas”.
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