La investigación del caso del barco norcoreano detenido en Panamá con armas cubanas ocultas ha entrado en una nueva etapa tras realizar la ONU esta semana una inspección in situ que incluyó una visita a la tripulación, acusada por las autoridades panameñas de "atentar contra la seguridad colectiva", informa la agencia EFE.
Los expertos del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU llegaron a Panamá a petición del Gobierno del país centroamericano, que ha dicho creer que el "incidente viola resoluciones" que prohíben a Pyongyang importar o exportar cualquier tipo de armamento.
"Tenemos algunas impresiones de que (Naciones Unidas) van a ratificar la posición de Panamá", dijo el viernes el canciller panameño, Fernando Núñez Fábrega. El grupo de inspectores trabajó en Panamá entre el martes y el jueves pasados en medio de un total hermetismo, y continuará de "manera confidencial sus investigaciones hasta concluirlas", ha informado el Ministerio de Seguridad panameño.
Panamá ha declarado que el resultado de la investigación internacional "es crucial para definir el destino" de las armas, que Cuba ha confirmado que le pertenecen y cifrado en 240 toneladas de material "obsoleto" que enviaba a reparar a Corea del Norte.
Durante el registro del carguero también se encontró en los contenedores que ocultaban las armas material explosivo y granadas RPG a los que Cuba no se refirió cuando dio sus explicaciones.
El equipo de la ONU también debe aclarar qué pasará con el mercante "Chong Chon Gang", anclado desde mediados de julio en el puerto de Manzanillo, en la costa Caribe panameña, y sujeto a una sanción del Canal de Panamá, de entre cien y un millón de dólares, por haber violado las normas que obligan a declarar toda la carga.
De los informes finales de la ONU depende además el destino de los 35 tripulantes norcoreanos, detenidos en una instalación de seguridad cercana al barco y que podrían afrontar hasta 12 años de prisión en este país.
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, se ha mostrado a favor de que la tripulación sea repatriada mediante algún mecanismo diplomático, ya que Panamá y Corea del Norte no tienen relaciones, mientras que el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, ha hablado de la posibilidad de que sean devueltos a Pyongyang a través de un tercer país.
Mulino ha aseverado que las resoluciones de la ONU facultan a Panamá a quedarse con el barco y todo lo incautado en él, aunque aclaró que las armas no le sirven a su país. Martinelli también ha opinado que el mercante y las 10.000 toneladas de azúcar bajo las cuales se ocultó el arsenal deben ser devueltos a sus legítimos dueños, aunque resaltó que una empresa panameña quiere comprar este producto para producir etanol.
La historia de este incidente ha incluido, según la versión oficial panameña, un intento de suicido del capitán del barco luego de que tratara junto a la tripulación de impedir la revisión de la nave por parte de las autoridades de Panamá, que la retuvieron primeramente por la sospecha que transportaba drogas.
El capitán solo se hizo un pequeño corte en el cuello, pero los tripulantes lograron sabotear los sistemas del mercante, lo que obligó a las autoridades panameñas a sacar a hombros los más de 200.000 sacos de azúcar procedente de Cuba bajo los cuales se ocultaban los 25 contenedores con las armas.
Ese operativo tomó casi un mes e involucró a unos 900 miembros de todas las fuerzas de seguridad de Panamá, aseguró a Efe el jefe del Servicio Nacional Aeronaval, Senan, comandante Belsio González. Corea del Norte planteó a Panamá, cuando faltaban solo cuatro días para la llegada de los inspectores de la ONU, la búsqueda de una salida "diplomática", pero el país centroamericano rechazó esa
posibilidad, informó a Efe una fuente oficial el martes pasado.
Un día después, un comunicado oficial panameño indicó que la "solución" del caso del barco norcoreano no puede "darse de otra forma que no sea" por medio de Naciones Unidas. "Norcorea sí mandó una nota verbal en la que solicitaba que se
solucionara esto por la vía diplomática; desafortunadamente no tenemos relaciones con ellos, así es que (dicha solución diplomática) hubiese tenido que ser por la ruta de Cuba, que lo hacía mucho más difícil", dijo el viernes el canciller panameño.
úñez Fábrega volvió a descartar que las relaciones con Cuba "se vean dañadas" por el incidente, aunque insistió en que La Habana "puso a un país amigo en una situación muy difícil". Pyongyang hizo llegar a finales de la semana pasada a Panamá una "nota verbal" en la que además pedía, como "gesto humanitario, acceso consular" a la tripulación, que hasta ahora se ha negado a declarar ante la Fiscalía.
El fiscal antidrogas de Panamá, Javier Caraballo, dijo el miércoles a Efe que "el proceso (a los tripulantes) sigue su curso", mientras la Corte Suprema resuelve un recurso de 'habeas corpus' presentado a favor de los marinos por un abogado. "Si la Corte dice que la detención es ilegal (...), esa gente debe salir de inmediato" y ser enviada "a un albergue de Migración" para luego ser deportada a su país "vía directa o indirecta", indicó por su parte a Efe el ex fiscal general panameño Rogelio Cruz.
Los expertos del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU llegaron a Panamá a petición del Gobierno del país centroamericano, que ha dicho creer que el "incidente viola resoluciones" que prohíben a Pyongyang importar o exportar cualquier tipo de armamento.
"Tenemos algunas impresiones de que (Naciones Unidas) van a ratificar la posición de Panamá", dijo el viernes el canciller panameño, Fernando Núñez Fábrega. El grupo de inspectores trabajó en Panamá entre el martes y el jueves pasados en medio de un total hermetismo, y continuará de "manera confidencial sus investigaciones hasta concluirlas", ha informado el Ministerio de Seguridad panameño.
Panamá ha declarado que el resultado de la investigación internacional "es crucial para definir el destino" de las armas, que Cuba ha confirmado que le pertenecen y cifrado en 240 toneladas de material "obsoleto" que enviaba a reparar a Corea del Norte.
Durante el registro del carguero también se encontró en los contenedores que ocultaban las armas material explosivo y granadas RPG a los que Cuba no se refirió cuando dio sus explicaciones.
El equipo de la ONU también debe aclarar qué pasará con el mercante "Chong Chon Gang", anclado desde mediados de julio en el puerto de Manzanillo, en la costa Caribe panameña, y sujeto a una sanción del Canal de Panamá, de entre cien y un millón de dólares, por haber violado las normas que obligan a declarar toda la carga.
De los informes finales de la ONU depende además el destino de los 35 tripulantes norcoreanos, detenidos en una instalación de seguridad cercana al barco y que podrían afrontar hasta 12 años de prisión en este país.
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, se ha mostrado a favor de que la tripulación sea repatriada mediante algún mecanismo diplomático, ya que Panamá y Corea del Norte no tienen relaciones, mientras que el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, ha hablado de la posibilidad de que sean devueltos a Pyongyang a través de un tercer país.
Mulino ha aseverado que las resoluciones de la ONU facultan a Panamá a quedarse con el barco y todo lo incautado en él, aunque aclaró que las armas no le sirven a su país. Martinelli también ha opinado que el mercante y las 10.000 toneladas de azúcar bajo las cuales se ocultó el arsenal deben ser devueltos a sus legítimos dueños, aunque resaltó que una empresa panameña quiere comprar este producto para producir etanol.
La historia de este incidente ha incluido, según la versión oficial panameña, un intento de suicido del capitán del barco luego de que tratara junto a la tripulación de impedir la revisión de la nave por parte de las autoridades de Panamá, que la retuvieron primeramente por la sospecha que transportaba drogas.
El capitán solo se hizo un pequeño corte en el cuello, pero los tripulantes lograron sabotear los sistemas del mercante, lo que obligó a las autoridades panameñas a sacar a hombros los más de 200.000 sacos de azúcar procedente de Cuba bajo los cuales se ocultaban los 25 contenedores con las armas.
Ese operativo tomó casi un mes e involucró a unos 900 miembros de todas las fuerzas de seguridad de Panamá, aseguró a Efe el jefe del Servicio Nacional Aeronaval, Senan, comandante Belsio González. Corea del Norte planteó a Panamá, cuando faltaban solo cuatro días para la llegada de los inspectores de la ONU, la búsqueda de una salida "diplomática", pero el país centroamericano rechazó esa
posibilidad, informó a Efe una fuente oficial el martes pasado.
Un día después, un comunicado oficial panameño indicó que la "solución" del caso del barco norcoreano no puede "darse de otra forma que no sea" por medio de Naciones Unidas. "Norcorea sí mandó una nota verbal en la que solicitaba que se
solucionara esto por la vía diplomática; desafortunadamente no tenemos relaciones con ellos, así es que (dicha solución diplomática) hubiese tenido que ser por la ruta de Cuba, que lo hacía mucho más difícil", dijo el viernes el canciller panameño.
úñez Fábrega volvió a descartar que las relaciones con Cuba "se vean dañadas" por el incidente, aunque insistió en que La Habana "puso a un país amigo en una situación muy difícil". Pyongyang hizo llegar a finales de la semana pasada a Panamá una "nota verbal" en la que además pedía, como "gesto humanitario, acceso consular" a la tripulación, que hasta ahora se ha negado a declarar ante la Fiscalía.
El fiscal antidrogas de Panamá, Javier Caraballo, dijo el miércoles a Efe que "el proceso (a los tripulantes) sigue su curso", mientras la Corte Suprema resuelve un recurso de 'habeas corpus' presentado a favor de los marinos por un abogado. "Si la Corte dice que la detención es ilegal (...), esa gente debe salir de inmediato" y ser enviada "a un albergue de Migración" para luego ser deportada a su país "vía directa o indirecta", indicó por su parte a Efe el ex fiscal general panameño Rogelio Cruz.
