El Ministerio de la Defensa de Venezuela emitió una resolución en la que ordena a todos los comandantes de las unidades militares del país a tomar una serie de medidas como listar a todos los funcionarios que posean visa para entrar a Estados Unidos.
El objetivo es detectar presuntas incidencias de las autoridades norteamericanas dentro del estamento militar venezolano y supuestos infiltrados.
El Gobierno de Nicolás Maduro pretende frenar la posibilidad de que otros empleados ofrezcan información privilegiada al Gobierno de Estados Unidos a cambio de protección en ese país, como ocurrió con la partida del capitán de Corbeta Leamsy Salazar hacia Estados Unidos, como testigo protegido por su acusación de narcotráfico contra el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Diosdado Cabello.
En el texto, firmado por el general de Brigada Iván Rafael Hernández Dala el pasado 19 de febrero, se ordena a los comandos de unidades militares la elaboración de un listado de todo el personal militar con visas y pasaportes de Estados Unidos y la Unión Europea, que deberá ser entregado a todos los superiores el próximo 13 de marzo, informa El Diario Exterior.
El documento oficial sugiere a las autoridades que se apoyen en el Mando Militar para la obtención de toda la información requerida.
Según el texto, membretado con el logotipo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, la supuesta delación de Salazar forma parte de "actividades de reclutamiento realizadas por integrantes del cuerpo diplomático (agregados militares y funcionarios consulares) de Estados Unidos y sus países aliados, durante los años 2010, 2011, 2012", señala.
En el texto se acusa a las autoridades norteamericanas de utilizar la información obtenida a través de las entrevistas personales que se hacen para otorgar las visas, "con la intención de establecer vínculos afectivos con los militares, con el fin de determinar quiénes tendrían disposición para planificar y ejecutar actividades subversivas contra el Estado venezolano".
En el documento también se le exigía a las comandancias militares enviar, antes del 26 de febrero, información de casos de la Contrainteligencia Militar en los que hubiesen conseguido elementos de interés operativo para la línea de espionaje como visitas de embajadores, agregados militares, vinculación de oficiales de la FANB con fuerzas militares de otros países, incluyendo contactos a través de redes sociales y hasta vinculaciones con ciudadanos extranjeros.
