Parlamentarios y organizaciones internacionales de Reino Unido, Ghana, Malawi, Sudáfrica, Suiza, Noruega y Tailandia, en otros, pidieron al gobierno de Cuba que permita la visita de Nazila Ghanea, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de religión o creencia para analizar las crecientes preocupaciones y denuncias.
“Una visita de investigación del representante de la ONU facilitaría el seguimiento transparente y sistemático de las recomendaciones pertinentes ofrecidas por los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, antes de la revisión de Cuba en mayo de 2023”, afirma el documento coordinado por Alcance de Ayuda para las Américas (OAA, por sus siglas en inglés).
Según los políticos y organizaciones, los “mecanismos independientes” podrían “explorar lagunas” en los estándares de derechos humanos y permitir a la Relatora de la ONU analizar las preocupaciones sobre violaciones a la libertad religiosa, denunciadas por observadores y expertos.
Los firmantes recuerdan que los titulares de mandatos de procedimientos especiales solicitaron en 2020 información sobre el trato dado a Alain Toledano Valiente, líder del Movimiento Apostólico de Cuba, y a su iglesia. También indagaron sobre el caso del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, condenado a siete años de prisión por su participación en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
La petición incide en que otros líderes religiosos fueron “maltratados y detenidos arbitrariamente” en las protestas del 11J, entre ellos Castor José Álvarez Devesa, sacerdote católico de Camagüey, y los pastores Yéremi Blanco Ramírez y Yarian Sierra, de Matanzas. Además, cita numerosas denuncias de organismos internacionales contra la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba por la discriminación de cristianos, musulmanes, judíos y yorubas.
Junto a los citados, firman la petición otros parlamentarios de Pakistán, Lesoto, Macedonia y Timor Oriental, y organizaciones como CSW, International Christian Concern, Instituto Internacional para la Libertad Religiosa, Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, Prisoners Defenders y Fundación Memorial Víctimas del Comunismo.
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