La Resolución adoptada el jueves por el Parlamento Europeo pide a la Unión Europea convocar “una reunión urgente” para examinar el caso de José Daniel Ferrer y, en general, la situación de los derechos humanos en Cuba.
"Considera que el encarcelamiento y el tratamiento de José Daniel Ferrer y otros presos políticos constituyen un «caso de especial urgencia», tal como se establece en el artículo 85, apartado 3, letra b), del Acuerdo [de Diálogo Político y de Cooperación suscrito por la Unión Europea con La Habana], y pide a la Unión, a este respecto, que convoque una reunión urgente", reza el punto L6 de la Resolución.
El documento subraya que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación “prevé su suspensión en el caso de que se vulneren las disposiciones sobre derechos humanos”.
El Parlamento Europeo califica de “arbitraria” la detención de Ferrer, pide “con urgencia” su liberación inmediata y solicita que se le dé acceso a un abogado de su preferencia y a todos los documentos relacionados con su arresto “y los motivos en que se basa”.
Por si fuera poco, y considerando que Ferrer envió clandestinamente una carta en la cual declaraba haber sufrido torturas y malos tratos, que su vida había corrido peligro durante el arresto y que se le había denegado la debida atención médica, el Parlamento Europeo se hace eco de esas declaraciones y “denuncia la tortura y los malos tratos” a que se refería el prisionero.
Según el documento, la legislatura continental “recuerda que las autoridades cubanas tienen el deber de evitar la tortura y los malos tratos, así como de garantizar una investigación rápida e imparcial”.
En su punto 6, el documento insiste en que la Unión Europea supervise y haga un seguimiento estrecho del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Cuba a la hora de aplicar el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, y que se informe regularmente al Parlamento al respecto.
La premisa es que el régimen cubano estaría violando el Acuerdo de facto y hay motivos para cancelarlo.
Coincidentemente, el periódico del Partido Comunista de Cuba, Granma, publicó el miércoles un extenso artículo --firmado por Enrique Moreno y Dilbert Reyes Rodríguez—en el cual Ferrer vuelve a ser presentado como un “contrarrevolucionario” que se opone al régimen castrista por órdenes de Estados Unidos y no por la situación que atraviesa el país.
El artículo reproduce imágenes presentadas en la televisión cubana como parte de la campaña oficialista para desacreditar al líder de UNPACU y para neutralizar sus reclamos de democracia en Cuba.
La Resolución del Parlamento Europeo va más allá del caso de Ferrer y los tres integrantes de UNPACU detenidos, y “reitera su profunda preocupación por la persecución, el acoso y los ataques continuados contra disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política en Cuba”.
Reclama que esas acciones “cesen de inmediato” y que se ponga en libertad “a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión; pide que se ofrezcan mayores garantías respecto al derecho a un juicio justo y a la independencia del poder judicial, y que se garantice que las personas privadas de libertad tengan acceso a un abogado independiente”.
El documento lamenta que, a pesar de haberse adoptado el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, no haya mejorado la situación de los derechos humanos en la isla, pide que se cumplan las obligaciones establecidas en ese Acuerdo y dispone parámetros para evaluar su cumplimiento.
Pide también derogar el Decreto 349, “que limita la libertad de expresión artística” y contra el que tanto han luchado artistas como Luis Manuel Otero Alcántara, y que “cesen el acoso y la detención de periodistas independientes” en momentos en que Roberto de Jesús Quiñones Haces cumple prisión por reportar un juicio y justo a raíz de la privación extrajudicial de libertad a la reportera de 14yMedio Luz Escobar.
El punto L10 lamenta que La Habana denegara a organizaciones de la sociedad civil europea y cubana “la posibilidad de participar […] en el marco más amplio del diálogo sobre derechos humanos del mencionado Acuerdo entre la Unión y Cuba [...] como consecuencia de la negativa del gobierno cubano a concederles su autorización”.
Pide también “que se establezca entre la Unión y Cuba un diálogo institucionalizado, formal, abierto y público con la sociedad civil verdaderamente independiente, similar a aquellos mantenidos con otros países con los que la Unión tiene acuerdos de cooperación”.
