Una comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora -electa en 2015- aprobó en primera discusión la continuidad de sus funciones y la del gobierno interino, presidido por Juan Guaidó.
En una sesión extraordinaria virtual este lunes, los diputados de la Comisión Delegada aprobaron la reforma parcial de la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia, aprobada en 2019 y cuya modificación en diciembre de 2020 permitió a este mismo Parlamento su continuidad por un año más, después de su periodo legislativo formal.
Este Legislativo, electo en 2015, no reconoce las elecciones presidenciales de 2018, en las que resultó ganador Nicolás Maduro, ni las legislativas de 2020, en la que el oficialismo recuperó la mayoría de la Asamblea Nacional.
Decenas de países reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela.
El parlamentario Alfonso Marquina explicó durante la discusión que la reforma busca mantener el ejercicio parlamentario y la vigencia de la presidencia interina para que “represente, defienda y proteja” los activos venezolanos en el extranjero y se mantenga el reconocimiento internacional.
“Estamos apoyando esta reforma al Estatuto para la Transición con la intención de que estas dos funciones se mantengan y se ejerzan en cabalidad”, indicó.
A pesar del apoyo que obtuvo la decisión de la continuidad, tanto del Parlamento como de la presidencia interina, diputados expresaron su preocupación por algunos aspectos de la reforma.
Freddy Guevara, quien participó en la mesa de negociaciones en México entre el gobierno y la oposición este año, explicó que la extensión del periodo “es única decisión coherente y constitucional si queremos salir de la dictadura”.
Sin embargo, aseguró que había “profundas observaciones” sobre el proyecto. “Consideramos que debe preservar y proteger lo referente a defensa de la democracia, derechos humanos, lucha anticorrupción y atención a la crisis humanitaria”, dijo.
Aseguró que “asumían” el compromiso de revisar y debatir los artículos que sean necesarios para que se ajuste "a las necesidades de la lucha, a la Constitución y al país”.
Por su parte, el diputado Edwin Luzardo afirmó que la propuesta “violaba la Constitución” en su pretensión de establecer “un gobierno legislativo”, quitándole las competencias al Poder Ejecutivo.
La reforma “debe ser fiel a lo que está establecido en la Constitución. Al Ejecutivo lo que le compete al Ejecutivo, al Legislativo lo que le compete al Legislativo”, agregó.
“Es el momento de alinearnos en una estrategia firme, seria, clara, que no esté sujeta a los intereses particulares y grupales”, afirmó.
En una línea similar, la parlamentaria Delsa Solorzano ratificó su respaldo a Guaidó y al Parlamento, pero aseguró que era “inaceptable” que se pretenda “limitar las funciones de la presidencia encargada de la República a solamente dos de ellas”, mencionando el mantenimiento del reconocimiento internacional y el resguardo de los activos.
Solorzano pidió se modifiquen las situaciones que ponen en riesgo la constitucionalidad de la reforma de la Ley del Estatuto de la Transición.
Partidos opositores e incluso el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela autodenominado “legítimo”, designado por el Parlamento opositor, han expresado su apoyo a la continuidad del Gobierno interino.
Otros, como el ex canciller nombrado por el interinato, han dicho que esta figura debe “desaparecer por completo”.
En una breve intervención, Juan Guaidó agradeció el “acuerdo político” logrado. “Mi deber constitucional como presidente encargado es procurar una elección libre y justa, una elección presidencial”, dijo Guevara en la sesión.
En su cuenta de Twitter, agregó que han recibido observaciones de diversas fuerzas políticas y expertos sobre la reforma. “Asumimos el compromiso de incluir sus visiones para garantizar que el texto esté ajustado a la Constitución y a las necesidades de Venezuela” agregó.
En la misma sesión, los parlamentarios también aprobaron la reforma parcial de Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de riesgos Vital, instrumento creado para autorizar los gastos del Estatuto que rige la Transición, explica la Asamblea en su página.
Fue convocada para el jueves 30 de diciembre otra sesión extraordinaria para la segunda discusión de ambos proyectos de ley.
