El parlamento venezolano, controlado por la oposición, suspendió este jueves la primera discusión de una ley para restituir empresas y tierras expropiadas por el gobierno chavista -rechazada por el oficialismo-, debido a desórdenes del público en las intervenciones de los legisladores.
El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Allup, canceló la sesión tras la negativa de un grupo de seguidores del chavismo a abandonar el recinto, como lo había ordenado la directiva del parlamento tras reiterados llamados infructuosos al orden interno.
Durante la accidentada sesión se tenía previsto discutir el proyecto de "Ley de Activación y Fortalecimiento de Producción Nacional", presentado por la oposición para el fomento de la industria local que, según afirma, ha sido destruida por la política económica del chavismo.
Con la intervención de Julio Borges, jefe de la bancada opositora, que abrió el debate, se produjeron cánticos, gritos y abucheos de parte del público que apoyaba al chavismo, contestadas por seguidores de la oposición.
Los chavistas, que según Borges eran dirigidos por el diputado oficialista Francisco Torrealba, se negaron a retirarse, mientras cantaban el Himno Nacional de Venezuela y gritaban consignas contra la "burguesía" y la oposición: "La patria no se vende, la patria se defiende".
Tras varios minutos de espera, Ramos Allup anunció la suspensión de la sesión y la convocó para el martes. Las próximas sesiones "serán sin barras y con transmisión de los medios de comunicación", agregó.
Por su parte, el diputado Torrealba declaró a los periodistas -tras pedir a los seguidores guardar silencio- que "el sabotaje" fue propiciado por "infiltrados de la derecha".
El proyecto de Ley de Producción Nacional genera una fuerte polémica en el país. Borges afirmó que esa iniciativa "va a poner a producir más de 6.000 empresas que han sido expropiadas".
"Las empresas estratégicas del Estado como Petróleos de Venezuela no son privatizables", manifestó Borges, en respuesta a las acusaciones del oficialismo de que la ley impulsa las privatizaciones.
La iniciativa incluye una auditoría a cuatro millones de hectáreas de tierras con vocación agrícola, para determinar cuáles están productivas, según Borges, quien además plantea simplificar trámites para realizar inversiones y proteger la propiedad privada.
El gobierno socialista de Nicolás Maduro acusa a la oposición supuestamente querer implantar un modelo neoliberal que entregará las riquísimas reservas de crudo al capital extranjero.
Pero, Maduro no habla de la entrega de petróleo a su aliado ideológico de La Habana, de la crisis en la estatal PDVSA por corrupción y manejo político de la empresa, y de la injerencia cubana en todos los aspectos de la vida venezolana.
