El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces presentó este viernes un documento ante la Fiscalía Provincial de Guantánamo en el que denuncia formalmente las violaciones cometidas durante el allanamiento de su vivienda y la detención de la que fuera objeto el pasado lunes, 5 de octubre, por parte de agentes de la policía política, en su residencia de Guantánamo.
En el documento, Quiñones deja constancia de los objetos que le confiscaron y describe cada una de las irregularidades cometidas por las autoridades durante su detención y posterior acusación de entorpecer el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
"Recibí amenazas de que si continuaba mi labor como periodista independiente iba a ser llevado a prisión. Eso reafirma el muy extendido criterio de que son la Seguridad del Estado y la policía y no los tribunales quienes determinan si un ciudadano va a la cárcel o no", indicó.
El activista, abogado de profesión, agrega que las amenazas en su contra constituyen un delito de coacción, previsto y sancionado en el artículo 286.1 del Código Penal vigente en la isla, y subraya que "en Cuba no existe ninguna ley que prohíba a un escritor ejercer el periodismo, algo que ha sido una práctica habitual en la cultura cubana".
Sobre el allanamiento de su vivienda, señala la violación del artículo 220 de la Ley de Procedimiento Penal, que indica que "el registro debe realizarse de la forma que resulte menos gravosa, evitándose las diligencias inútiles así como extenderlo a extremos o particulares ajenos a los que sean objeto estricto de la investigación del delito". En su caso, detalla, el registro fue todo un operativo, en el que desplegaron más de 19 agentes de la policía y miembros de las tropas especiales del Ministerio del Interior.
El periodista independiente insta a la Fiscalía a que disponga que la Dirección Provincial de Justicia de Guantánamo tome una resolución sobre el proceso que abrió en su contra en enero del 2014 y mediante el cual busca anularse su inscripción en el registro de juristas.
Quiñones Haces declaró a Radio Martí que pidió constancia a la Fiscalía de la entrega del documento, pero le fue negada. La declaración fue dirigida igualmente a Wilfredo Pino Estévez, obispo de la Diócesis Guantánamo-Baracoa; Monseñor Giorgio Lingua, nuncio apostólico de la Santa Sede en Cuba; Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional; a la Dirección de Cubanet, periódico para el que trabaja; así como a la Presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, por conducto de Cubanet y Radio Martí. Una copia del documento fue también enviada al Archivo Boti, de la ciudad de Guantánamo.
La intención de Quiñones es que su denuncia y proceder sirva de modelo a otros opositores en un caso similar, para que den a conocer las arbitrariedades de las que son objeto y hagan valer sus derechos como ciudadanos.
Entrevistado por los periodista Tomás Cardoso y Omar López Montenegro, del programa Cuba al Día que transmite Radio Martí, el opositor afirmó que, aunque no recibió notificación por escrito de su queja, las autoridades cubanas tienen hasta 60 días para responder a sus demandas, esto si respetan lo que dictamina la ley vigente.
