En San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, el Tribunal Municipal juzgará en los próximos días a diecisiete personas, entre ellas una mujer, por su participación en las acciones cívicas del 11 de julio.
La Fiscalía pide sentencias de entre 6 y 12 años para Rolando Yusef Pérez Morera, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, Joel Díaz Hernández, Miguel Díaz Zaldívar, Osdany Antonio Ricardo Aguilar, Rolando López Rodríguez, Yordan Esteban Brook Amador, Miguel Díaz Sosa, Ariel Pérez Montesino, Omar Hernández Calzadilla, Julián Manuel Mazola Beltrán, Denis Hernández Ramírez, Yunier Claro la Guardia, Cristian Reyes Pérez, Adrián Rodríguez Morera, Jany Millo Espinosa y Yoan de la Cruz Cruz.
Los delitos de que los acusan van desde presunto desacato, atentado e instigación a delinquir hasta desórdenes públicos.
“El juicio no se sabe cuándo es, pero ya aquí en Artemisa comenzaron a celebrarlos. El lunes hicieron tres a otros manifestantes y dentro de 10 días se hacen firme los fallos”, dijo a Radio Televisión Martí, Maribel Cruz Borrero, la madre de Yoan de la Cruz, el joven que hizo la transmisión en vivo de las primeras concentraciones en San Antonio de los Baños, consideradas el inicio del estallido social en todo el país.
“A mi hijo lo detuvieron el 23 de julio en mi casa. Se lo llevaron para el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) y después de 15 días le pusieron medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Melena del Sur, Mayabeque. No le permiten visitas debido a las medidas sanitarias por el COVID19. Solo llamadas por teléfono a su familia”.
En las Conclusiones provisionales, entregadas a fines de la pasada semana y a principios de la que transcurre, la Fiscalía argumenta que alrededor de 500 ciudadanos se concentraron el 11 de julio en el Parque de la Iglesia del pueblo, muchos para pedir el fin de los cortes eléctricos y la escasez de medicamentos.
Pero otros, perseguían “subvertir el orden constitucional” entre los que se encuentran los 17 involucrados en la referida causa, dice el documento legal.
La parte acusatoria pretende inculpar a Yunier Claro la Guardia, Julián Manuel Mazola Beltrán y Yoan de la Cruz de animar a los “aglomerados” a denigrar al presidente Miguel Díaz Canel, al general Raúl Castro y a la Policía como institución; así como al orden económico social del país con” con la intención de crear el caos en el territorio”.
El Fiscal pide para los opositores Rolando Yusef Pérez Morera, 12 años de privación de libertad; Carlos Manuel Pupo Rodríguez, 10 años, Adrián Rodríguez Morera, 8 años; Julián Manuel Mazola Beltrán, 10 años y 12 para Joel Díaz Hernández.
“Por supuesto, yo creo que es muy injusto lo que están haciendo con los que protestaron. Mi esposo Joel Díaz Hernández lo único que hizo fue expresar su sentir: leche para los niños, comida y medicinas para el pueblo”, señaló Grisel Ulloa Sánchez.
Por su parte Nancy Morera Violat, madre de Rolando Yusef Pérez Morera y Adrián Rodríguez Morera rechazó la solicitud de largas condenas para los que asistieron a las demostraciones del 11 de julio:
“Es necesario que la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos se pronuncien por la falta de libertades en la Isla y por los desmedidos castigos que quieren imponerles a quienes las ejercieron”.
Las peticiones de altas penas de prisión para los asistentes a las marchas del 11 de julio comenzaron a concretarse a partir de mediados de septiembre, aunque las autoridades cubanas no han dado información al respecto.
El 24 de julio, el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro anunció que se mantenía abierta la investigación de "un grupo de hechos de extrema violencia y gravedad".
A finales de septiembre trascendió que la Fiscalía pidió severas sanciones a 16 residentes de Placetas, en Villa Clara, por “desórdenes públicos”, “atentado” y “desacato”.
