La Policía de Nicaragua calificó el viernes de "ilegales" las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y advirtió a sus organizadores que "responderán ante la justicia", en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos en las manifestaciones.
"La Policía Nacional responsabiliza a quienes han convocado y convocan a estas concentraciones y movilizaciones públicas ilegales de las alteraciones al orden público, de las acciones ofensivas y delictivas, y de las agresiones que irrespetan el derecho al trabajo, a la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses", informó la institución en un comunicado.
La declaración fue emitida en una nota en la que acusa a los organizadores de las protestas de varios tiroteos, agresiones a viviendas y una persona muerta entre el 2 y el 23 de septiembre.
"Los convocantes son responsables y responderán ante la justicia de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades", agregó la Policía.
"La Policía Nacional ha investigado, investiga, y acusará formalmente, a quienes se encuentren responsables de los daños materiales y afectaciones humanas en las actividades pasadas, porque constituyen gravísimos delitos contra la seguridad, la vida y el orden público", agregó.
El comunicado de la Policía nicaragüense contradice la posición de los manifestantes, la opositora Alianza Cívica y organismos humanitarios, que sostienen que protestar no es un delito en Nicaragua y que las marchas contra el Gobierno han sido pacíficas, solamente interrumpidas por agresiones armadas de grupos oficialistas y agentes policiales.
Un golpe de Estado a la función legislativa
Entretanto la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, en declaraciones ofrecidas al diario La Prensa dijo que la situación que atraviesa el país es grave al onvertir a la Policía en legisladora. “Ese es un golpe de Estado a la función legislativa, esto es una cosa completamente aberrante”, dijo.
La defensora de derechos humanos reiteró que con esta disposición la dictadura violenta el derecho de manifestación.
“No puede de ninguna manera una institución policial prohibir el ejercicio de un derecho, criminalizar y tipificar como delito el ejercicio del derecho, de ninguna manera”, afirmó Núñez al diario La Prensa.
Las organizaciones humanitarias calculan que la crisis ha dejado entre 322 y 512 muertos y más de 300 "presos políticos" desde el 18 de abril, en protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno por "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno de Ortega, que cifra en 199 los muertos, ha rechazado las acusaciones y sostiene que todo se trata de un intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Ortega y Murillo iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.
[Agencia EFE y diario La Prensa]
