Las autoridades policiales en Santiago de Cuba liberaron en la noche del domingo pasado a Esquizander Benítez, uno de los últimos activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que permanecía detenido desde que la policía y la Seguridad del Estado allanara la sede de esa organización opositora en la ciudad oriental el pasado 8 de marzo.
En conversación con Martí Noticias, Carlos Amel Oliva, el coordinador del Frente Juvenil de este grupo opositor, dijo que Benítez fue liberado no sin antes ser fuertemente amenazado.
“Le amenazaron muchísimo e incluso en varias ocasiones le propusieron arrepentirse y salir de la oposición, y que ellos le iban a permitir hacer negocios lícitos e ilícitos”, relató Oliva.
Según Carlos Amel, la amenaza llegó hasta mencionarle la cárcel a donde irá a cumplir condena si no desiste de oponerse al gobierno.
“Le dijeron que ‘si no se quitaba’ lo iban a enviar hacia la prisión de Boniato”, indicó el activista.
La semana pasada seis casas de disidentes de UNPACU fueron rigurosamente registradas, y un comunicado de la organización describe así aquellas acciones: "un centenar de oficiales del Ministerio del Interior (MININT) de la PNR, y decenas de carros de patrulla irrumpieron simultáneamente en las diferentes viviendas", 5 en la ciudad Santiago de Cuba y 1 en el municipio Palma Soriano.
Amel Oliva agregó que en la mañana del lunes ocurrió el allanamiento número 43 contra la organización “en Gibara, provincia Holguín contra la vivienda del activista Julio Cuesta y hasta ahora tenemos muy pocos detalles porque aún está detenido”, finalizó.
En el operativo contra la sede santiaguera fueron arrestados 17 activistas, incluyendo el líder del grupo y ex prisionero político José Daniel Ferrer.
Otros tres permanecieron varios días detenidos como son Jorge Cervantes García (ya liberado), el mencionado Esquizander Benítez Moya y Juan Salgado (coordinador en la provincia Granma).
Un reporte de la Fundación Cubana de Derechos Humanos con sede en Miami advirtió que en el primer trimestre del 2017 el gobierno cubano ha intensificado la escalada represiva contra la ciudadanía, con alrededor de 500 detenciones arbitrarias en el mes de febrero.
La FCDH recordó que el gobierno asfixia los derechos ciudadanos de los cubanos y restringe el poco espacio de libertad económica que había concedido a los cuentapropistas.
[Con entrevista de Ivette Pacheco, Radio Martí].
