La oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pide al gobierno de Venezuela acceso pleno y sin restricciones al país luego de evaluar la situación de los derechos humanos en un informe presentado este miércoles.
En el documento se pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que examine la posibilidad de tomar medidas para prevenir el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela, país que en la actualidad es miembro del Consejo.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, presentó el reporte que investiga violaciones de los derechos humanos en Venezuela ocurridas entre el 1 de abril al 31 de julio.
"Con el paso del tiempo, hemos visto la erosión de la democracia en Venezuela y lo que está ocurriendo aumenta la impresión de que se está exprimiendo lo que queda de vida democrática", comentó hoy en una rueda de prensa.
"La democracia está apenas viva, si es que sigue viva, así lo plantearía yo", agregó el alto responsable de la ONU.
Zeid expresó su preocupación por las medidas tomadas recientemente por las autoridades para criminalizar a dirigentes de la oposición mediante la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública.
“La comisión creada recientemente por la Asamblea Constituyente no cumple con los requisitos básicos de transparencia e imparcialidad necesarios para realizar investigaciones independientes y sin motivación política sobre violaciones y abusos de derechos humanos”, declaró Zeid.
“Insto al gobierno de Venezuela a que aplique las recomendaciones de este informe y a que use sus conclusiones como guía para aportar verdad y justicia a las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos. Una vez más pido al gobierno que renuncie a aplicar cualquier medida que pueda incrementar la tensión política en el país y exhorto a todas las partes a que entablen un diálogo sustancial con miras a poner fin a la crisis”, dijo Zeid.
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Resumen ejecutivo
El 6 de junio de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) creó un equipo para documentar e informar sobre las violaciones de los derechos humanos, en el contexto de las protestas masivas en la República Bolivariana de Venezuela ocurridas entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017.
En ausencia de autorización del Gobierno para entrar en el país, el equipo del ACNUDH realizó actividades de monitoreo a distancia en la región, entre las que se incluyó la realización de 135 entrevistas con víctimas y sus familiares, testigos, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), periodistas, abogados, médicos, paramédicos y el Ministerio Público.
También recibió información por escrito de la Defensoría del Pueblo y de la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela para las Naciones Unidas en Ginebra. Las conclusiones del ACNUDH que figuran en el presente informe ponen de manifiesto una situación de los derechos humanos cada vez más crítica desde el comienzo de las protestas, en la que se observan niveles cada vez más altos de represión de la oposición política por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y un aumento de la estigmatización y persecución de las personas percibidas como opositoras al Gobierno del Presidente Maduro.
El ACNUDH documentó la existencia de violaciones generalizadas de los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales en el contexto de las manifestaciones realizadas en todo el país, violaciones que tienen por objeto frenar cualquier tipo de protesta contra el Gobierno.
El ACNUDH constató que las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva y realizado detenciones arbitrarias de las personas que participan en manifestaciones. También documentó la existencia de patrones de malos tratos, que en ocasiones podrían llegar a constituir tortura, malos tratos y violaciones graves del derecho al debido proceso por parte de las autoridades venezolanas en perjuicio de las personas detenidas en relación con las protestas.
Los relatos fidedignos y coherentes de las víctimas y testigos indican que las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva para impedir las manifestaciones, sofocar la disidencia e infundir temor. Durante las manifestaciones, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que forma parte de las fuerzas armadas, utilizaron gases lacrimógenos y otras armas menos letales, como tanquetas lanza-agua y perdigones de plástico, sin previo aviso, de manera no progresiva y en violación de los principios jurídicos internacionales de necesidad y proporcionalidad. Las armas menos letales también se han empleado sistemáticamente con el fin de causar daño innecesario; por ejemplo, las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos directamente y a corta distancia contra los manifestantes, tanto mujeres como hombres, y han modificado las municiones para hacerlas más dañinas.
El ACNUDH también documentó el uso por las fuerzas de seguridad de fuerza letal contra los manifestantes. Solo en contadas ocasiones las autoridades han condenado los incidentes de uso excesivo de la fuerza; en la mayor parte de los casos han negado la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en tales incidentes y han calificado repetidamente a los manifestantes de “terroristas”.
Al 31 de julio, el Ministerio Público se encontraba investigando 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el ACNUDH, las fuerzas de seguridad (principalmente la GNB) son presuntamente responsables de al menos 46 de esas muertes.
El Gobierno informó que también nueve agentes de seguridad murieron en el contexto de las manifestaciones. No se dispone de datos oficiales sobre el número de detenciones relacionadas con las protestas.
Según fuentes de ONG, 5.051 personas, entre ellas 410 niñas y niños, fueron detenidas arbitrariamente entre el 1 de abril y el 31 de julio, y más de 1.300 personas seguían detenidas al 31 de julio. Según el ACNUDH, algunas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas, en la medida en que las autoridades, durante un período inicial, se negaron a confirmar el destino o el paradero de las personas detenidas. Las fuerzas de seguridad han utilizado fuerza excesiva regularmente en el momento del arresto y en la mayor parte de los casos de detención documentados por el ACNUDH.
A menudo, se ha sometido a los detenidos a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y, en varios casos documentados, los malos tratos han constituido formas de tortura. Entre los malos tratos documentados figuran la utilización de descargas eléctricas, fuertes palizas, posturas que causan estrés, asfixia y amenazas de violencia sexual y muerte, con el objetivo de castigar, humillar y aterrorizar a los detenidos, así como de extraer confesiones e información sobre presuntas actividades antigubernamentales.
El ACNUDH identificó un patrón de violaciones graves del debido proceso en los casos de detención documentados, como la falta de órdenes de arresto, la detención en régimen de incomunicación, la falta de acceso a un abogado y el incumplimiento del principio de presunción de inocencia. Más de 600 civiles detenidos en el contexto de las manifestaciones han sido sometidos a la jurisdicción militar y acusados de delitos de naturaleza militar, en violación de las garantías de un juicio justo previstas en el derecho internacional de los derechos humanos.
El ACNUDH documentó un patrón de allanamientos violentos e ilegales de viviendas en todo el país. Por lo general, las fuerzas de seguridad que han realizado estos allanamientos han destruido propiedad privada de forma intencional e innecesaria. Esta forma de violencia permite suponer que los allanamientos tenían la intención de infundir temor en las comunidades y disuadirlas de seguir protestando.
Las autoridades han violado sistemáticamente el derecho de reunión pacífica, principalmente reprimiendo las protestas, criminalizando a las personas que ejercen este derecho e imponiendo restricciones indebidas a su ejercicio.
El ACNUDH recibió información congruente sobre ataques por parte de las fuerzas de seguridad en contra de periodistas y profesionales de los medios de comunicación, que han sido víctimas de tiros directos con perdigones y bombas lacrimógenas, detenciones y la sustracción de su equipo para evitar que cubrieran las manifestaciones.
El ACNUDH también escuchó numerosos relatos sobre las actividades de los grupos armados progubernamentales (colectivos armados) en el contexto de las protestas.
Según esos informes, los colectivos armados han irrumpido sistemáticamente en las manifestaciones a bordo de motocicletas y portando armas de fuego. Estos colectivos han acosado y atacado a manifestantes, profesionales de los medios de comunicación y transeúntes, e incluso han disparado contra ellos. Asimismo, han arrestado a manifestantes iv y participado en allanamientos ilegales y violentos.
Testigos presenciales y otras fuentes informaron de cómo esos grupos operan con el consentimiento de las fuerzas de seguridad y las autoridades locales y, algunas veces, en coordinación con ellas.
Según cálculos del ACNUDH, los colectivos armados son presuntamente responsables de al menos 27 muertes durante las recientes manifestaciones. Algunos grupos de manifestantes antigubernamentales poco organizados han recurrido a medios violentos, en algunos casos dirigidos en contra de las fuerzas de seguridad, de vehículos y de oficinas gubernamentales. Al menos cuatro personas han perdido la vida tras ser atacadas por grupos o individuos antigubernamentales.
El deterioro de la situación de los derechos humanos descrito en el presente informe ocurre en el marco general de la grave crisis económica y social del país y de una situación política nacional cada vez más inestable y polarizada.
En la parte final del presente informe, el ACNUDH presenta a las autoridades estatales un conjunto de recomendaciones encaminadas a evitar nuevos actos de violencia y de violación de los derechos humanos y a respaldar el diálogo político, y exhorta a las autoridades venezolanas a aplicarlas sin demora.
El ACNUDH sigue solicitando un acceso pleno y sin restricciones a la República Bolivariana de Venezuela para evaluar la situación de los derechos humanos en el país, y está a su disposición para entablar un diálogo con el gobierno venezolano, incluido en materia de cooperación técnica.
[Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, EFE y redes sociales]
