El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió el miércoles por decreto la Asamblea Nacional, adelantando las elecciones legislativas y presidenciales, un día después de presentar su defensa en un juicio político en su contra.
Lasso niega las acusaciones de que hizo la vista gorda ante la supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo, que se firmó años antes de que él asumiera el cargo.
La mayoría de los legisladores respaldó una resolución que decía que Lasso permitió que continuara el cuestionado contrato, a pesar de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea -que escuchó el testimonio de legisladores de la oposición, funcionarios y el abogado de Lasso- dijo en su informe que no recomendaba un juicio político.
El mandatario invocó la "muerte cruzada" citando la grave crisis política y conmoción interna del país andino.
"Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones", dijo Lasso en una intervención televisada.
"A partir de hoy, sin bloqueos, el Gobierno Nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes", agregó.
Se necesitaban 92 votos de la Legislatura de 137 miembros para destituir a Lasso de su cargo. La Asamblea votó a favor de continuar con el proceso la semana pasada.
La Constitución del país consagra la llamada "muerte cruzada", que permite a un mandatario convocar elecciones tanto para su puesto como para la Asamblea Nacional bajo ciertas circunstancias, incluso si las acciones de la Legislatura bloquean el funcionamiento del Gobierno.
Lasso ahora permanecerá en el cargo, gobernando por decreto, mientras las autoridades electorales nacionales fijan la fecha de los comicios.
El tribunal electoral de Ecuador debe decidir la fecha de las nuevas elecciones dentro de los siete días posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional.
Algunos legisladores han dicho que cualquier disolución de la Asamblea sería inconstitucional y que se negarían a cumplirla.
Los elegidos para el poder en las elecciones anticipadas solo servirían hasta que se lleven a cabo las programadas regularmente para 2025.
Los legisladores del partido del expresidente Rafael Correa, él mismo condenado por corrupción, encabezaron la acusación de juicio político y prometieron sus 47 votos a favor de la destitución.
El proceso de juicio político fue el primero contra un presidente ecuatoriano en décadas.
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