Las autoridades de la prisión habanera Combinado del Este no proporcionan atención médica adecuada al preso político del 11J Yunior García Vizcay, denunció su madre en un video enviado a Martí Noticias.
“Él me explica que los médicos le recomendaron tomar ácido fólico y dipirona. Le dicen allí que no hay nada para darle, negándole la asistencia médica... Él se acerca a los guardias y les dice que tiene mucho dolor de cabeza, y ellos le contestan que se está haciendo (que está fingiendo), que es mentira”.
La mujer añadió que, “en una ocasión, cuando los carceleros le negaron las medicinas, él agachó la cabeza y el ojo se le había botado”.
Marieta Viscay Mendoza reside en la pequeña comunidad rural Salvador Rosales, del municipio Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, razón por la que solo puede comunicarse por teléfono con su hijo, ya que no consigue reunir el dinero que cuesta el transporte para trasladarse hasta la capital cubana, a casi 900 kilómetros de su vivienda.
“Desde que nació tiene una bola en la cabeza, pero antes recibía atención médica por su padecimiento, pero allí donde está no lo ha visto más nunca un especialista. Mi hijo me cuenta que se está quedando ciego y yo estoy desesperada porque hace más de un mes que no me llama. No sé qué está pasando con él”.
“Cuando lo detuvieron, le dieron golpes, bastante en la cabeza, tantos que le sacaron el orine; le pusieron un cuchillo en el cuello y le decían ‘habla p…, ¿quién te está pagando para la Marcha? Y a raíz de eso es que viene con los dolores de cabeza”, relató la madre.
De acuerdo al Código Penal cubano “el sancionado no puede ser objeto de castigos corporales ni es admisible emplear contra él medida alguna que signifique humillación o que redunde en menoscabo de su dignidad”.
García Vizcay, de 29 años, fue condenado a 13 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en el área de la Esquina de Toyo, en el municipio habanero Diez de Octubre. El Tribunal Provincial de La Habana lo encontró culpable de los delitos de sedición y hurto.
El joven prisionero pidió, hace más de un año, su traslado a un establecimiento penitenciario cercano a su lugar de origen, pero los mandos penitenciarios contestaron que su dirección está en La Habana -donde tenía alquilado un cuarto.
“En varias ocasiones hemos enviado cartas para que me lo trasladen para acá pero nunca he recibido respuestas”, dijo la madre.
“Pido que liberen a mi hijo y a los demás presos políticos, que están presos injustamente”, subrayó la mujer.
La organización Cuban Prisoners Defenders ha informado ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, patrones sistemáticos de torturas, maltratos y penas crueles o degradantes contra los reos.
Entre las formas más comunes de tortura, la entidad ha subrayado la “privación sistemática” de la atención médica, acentuada en el caso de los presos políticos”.
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