Las denuncias sobre la reducción de la ya exigua ración de alimentos que el Estado cubano regula para cada recluso se incrementaron en el mes de marzo.
El más reciente informe sobre los derechos humanos en Cuba del centro de asesoramiento legal Cubalex asegura que recibió el pasado mes quejas sobre la poca cantidad y calidad de los alimentos desde 13 cárceles en nueve provincias de la Isla.
“Hubo reportes de personas privadas de libertad desmayadas por hambre en Pinar del Río y Quivicán, raciones de un plátano y medio y un huevo por más de un mes a los presos de El Guayabo en la Isla de la Juventud, deficiente atención nutricional a reclusas gestantes en la Granja 5 en Camagüey”, dice el documento.
De acuerdo al texto de Cubalex, el déficit de alimentos para los presos ha escalado tanto que, en las penitenciarías de Camagüey y de Holguín, las autoridades tuvieron que “separar por destacamentos a reclusos desnutridos” para priorizar la atención a los casos más críticos.
De similar modo ocurre con la negación de atención médica y falta de medicinas en los penales. En este sentido, Cubalex compiló 36 denuncias procedentes de centros penitenciarios asentados en diez provincias del país.
Las Reglas Mínimas de la ONU para el tratamiento a los reos enfatizan que la prestación de servicios médicos es una responsabilidad del Estado.
En marzo se reportaron, además, plagas de chinches en las prisiones habaneras Combinado del Este, El Pitirre, la de Mujeres de Occidente del Guatao y la camagüeyana Kilo 8 y se detectaron enfermos de hepatitis en el Combinado del Este y tuberculosis en Pretensado, en Santa Clara.
También se registraron nueve denuncias relacionadas con formas de tortura conocidas como "el caballo" o "la bicicleta".
Asimismo, se repitieron las denuncias del uso de reclusos comunes por parte de las autoridades para hostigar a los presos políticos, en obvia discordancia con las Reglas Mandela que alientan a la administración penitenciaria a utilizar, en la medida de lo posible, la prevención de conflictos, la mediación o cualquier otro mecanismo de resolución de disputas alternativo para prevenir o resolver los conflictos.
Cubalex tuvo conocimiento de al menos seis huelgas de hambre protagonizadas por personas en centros de detención o encarcelamiento.
La organización, con sede en EEUU, indicó que las autoridades cubanas persisten en el uso de la medida cautelar de prisión provisional como método de castigo en los casos de personas apresadas por motivos políticos, como ocurre como Mario Alberto Hernández, Daniel Moreno, Sulmira Martínez y Aniette González.
“A esta mezcla de represión y pésimas condiciones se sumó la situación de incomunicación reportada por múltiples reclusos y familiares en prisiones de al menos nueve provincias, cuando dejaron de funcionar las tarjetas telefónicas que estos usan para llamar a sus familiares”, señala el informe.
El modelo de llamadas por tarjeta requiere que el familiar del preso le compre una tarjeta recargable con determinada cantidad de dinero. El sistema que soporta las llamadas a través de las tarjetas pre pagadas dejó de funcionar en marzo con el consecuente perjuicio para los reclusos.
En resumen, Cubalex reporta 342 acciones represivas en todas las provincias del país. La mayor cantidad de incidentes en La Habana, Mayabeque, Camagüey, Matanzas y Santiago de Cuba.
Los tipos de agresiones con mayor incidencia en los ciudadanos fueron las 117 violaciones de derechos ocurridas dentro de prisiones, 75 amenazas o coacciones, 47 citaciones ilegales y 47 detenciones arbitrarias.
De entre los grupos de la Sociedad Civil, los que registraron mayor cantidad de miembros que fueron víctimas de hostigamiento están las Damas de Blanco, el Movimiento Cuba de Luto, el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
Los sectores vulnerables más acosados fueron los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes y las personas privadas de libertad.
El centro de asesoramiento legal dedicó un espacio especial de su informe sobre derechos humanos a las votaciones ocurridas en Cuba.
La Constitución establece la responsabilidad del Estado de garantizar la protección de los menores de edad contra toda forma de discriminación. Al respecto, Cubalex dice que "el uso de menores en la propaganda electoral puede traer consecuencias negativas para el libre desarrollo de su personalidad. Asociarlos con una postura política o ideológica sin que tengan plena conciencia de lo que representa, los expone a discriminación y estigmatización”.
“El Estado viola la legalidad al usar niños y niñas para la campaña electoral sin que esté regulado en la Ley Electoral”, agregó el informe.
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